La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- Ejidatarios de la comunidad de El Sargento denuncian al Ayuntamiento de La Paz por buscar restringir el uso de suelo a casas y comercios.
El Instituto Municipal de Planeación La Paz (IMPLAN) convocó a una reunión pública el viernes 25 de agosto a las 10:00 de la mañana en la sala ejidal de El Sargento para disipar dudas sobre el nuevo Plan de Desarrollo Urbano Parcial (PDU) para la zona.
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Decenas de habitantes del poblado llegaron al lugar de la reunión para oponerse a la aprobación del PDU ya que señalan, tomará las riendas del lugar y el 85% del polígono quedará como zona verde no habitable o urbanizable, un plan que aseguran busca beneficiar al Rancho Cacachilas de la empresaria Cristina Walton.
Ejidatarios expresaron que se vislumbra una severa afectación al patrimonio y cultura de las familias ante lo que consideran, una colonización de extranjeros.
Responsabilizan a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero y a Cristina Walton de frenar los procesos de regularización de tierras ante el Registro de Arena Nacional (RAN) para evitar que más familias construyan el desarrollo en el pueblo y llegar a tener un patrimonio que va en contra de sus ideales.
“Sin mexicanos en nuestra propia tierra. La señora Walton ya se apropió de la Sierra de la Cacachila, de sus minas, de su agua, de los arroyos federales y ahora pretenden prohibir el uso del suelo en nuestras propias tierras en beneficio para ella, sus familias y su rancho Las Cacachilas” dijo Juan Luis Lucero Áviles, presidente comisariado ejidal del Sargento
“Con estas propuestas, con pláticas quieren distraernos con mentiras, engaños, ilegalidades. Nos quitan algo poco que tenemos”.
DEPENDENCIAS FEDERALES
Además, expusieron ser víctimas de extorsión, hostigamiento y fraude por parte de dependencias federales.
“Nos han querido extorsionar, se han aprovechado de nuestra condición, nos ha intimidado la Profepa, pero los extranjeros les dan todas las facilidades para romper las leyes, construir sobre la playa y eso se llama corrupción que también denunciamos que se han infiltrado grupos extranjeros para los procesos políticos”.
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Expusieron que la Constitución Mexicana prohíbe a los extranjeros tener tierra en playas y así abstenerse de participar en políticas, sin embargo, en la comunidad resulta lo contrario, porque son los extranjeros con la ayuda de la propia alcaldesa Milena Quiroga, quiénes están perpetuando un robo a la nación, entregando sus tierras y riquezas a intereses de extranjeros.
A nombre de las familias piden la intervención al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y del gobernador del estado, Víctor Manuel Casto, a fin de que garanticen los derechos de las y los sudcalifornianos.
