La Paz, B.C.S. (OEM-Informex).- El presidente del Consejo Estatal de Cuenca Lorenzo Castañeda no descartó la posibilidad de que el gobierno pretenda revocar las concesiones de agua a la zona agrícola de La Paz, a fin de utilizar el líquido para el uso público urbano, una vez que este servicio tiene preferencia.
No creo que se quieran echar un tiro de ese tamaño, dijo, al tiempo que aseguró que esto no sería la solución porque solo aportaría aproximadamente 4 millones de metros cúbicos al año, de un déficit de 7 millones que tiene en la actualidad y que se sigue incrementado.
Recordó según datos oficiales del año 2018, el acuífero de La Paz que tiene 27 millones de metros cúbicos presenta un déficit de 7 millones, es decir, este volumen se le extrae a los mantos freáticos, pero no le ingresa esta cantidad por lluvias o escurrimientos naturales.
Explicó que en el caso de que se le quitara toda el agua a la zona agrícola solo se aportaría 4 millones de metros cúbicos, de tal modo que no resolvería el problema y sí provocaría otro ya que de la actividad primaria dependen miles de familias y se generan miles de fuentes de trabajo y diversos alimentos.
El déficit de agua en La Paz es grave, dijo, y por tanto requiere de una solución integral en la que se aprovechen los 10 millones de metros cúbicos que salen de la planta de tratamiento y que se van al mar, además de la desaladora que aportaría 3 millones al año.
Pero aunado a la inversión en infraestructura debe ir aparejada una estrategia para el uso de agua en la ciudad, porque en la actualidad solo tiene medidor el 30 por ciento de los más de 100 mil usuarios del organismo operador; el 70 por ciento paga una cuota fija de 130 pesos al mes por un volumen de 17 mil litros.
El Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado que recién anunció el presidente López Obrador incluyó las Plantas desaladoras de La Paz y Los Cabos, una inversión programática para el estado que ronda los 2 mil 300 millones de pesos.
Se trata de un esquema de inversión pública y privada en una proporción del 48 por ciento aportación del gobierno federal y un 52 por ciento de particulares, financiada a través del Fondo Nacional de Infraestructura a un plazo de 20 años.
En este periodo, las empresas que ganen las licitaciones habrán de operar las plantas y vender el agua a los sistemas operadores, quienes a su vez la suministrarán y cobrarán a los usuarios de tal modo que no habrá una privatización del servicio.
La planta de Los Cabos tendrá una capacidad total instalada de 250 litros por segundo, y corresponderá a la empresa privada la elaboración del proyecto ejecutivo, la construcción, el equipamiento, puesta en marcha, operación y mantenimiento.
No hay datos técnicos sobre la planta de La Paz.
