La Paz, Baja California Sur.- Silvia Yee, madre de M., de 6 años, denuncia ser víctima de violencia vicaria desde el pasado 24 de mayo en la capital del estado. A casi un mes de ser separada de su hijo, y tras emitir una demanda por la retención de su pequeño por parte de su ex pareja, esta es su historia.
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Yee es lingüista y antropóloga social, quien desde hace más de 10 años trabaja como defensora de derechos humanos y del medio ambiente en una organización de la sociedad civil en La Paz. Ese 24 de mayo, acudía a recoger a M. de la escuela, como de costumbre.
Recientemente, el pequeño fue diagnosticado con trastorno del espectro autista, por lo que requiere atención médica y psicológica especializada para su desarrollo. Entre su ex pareja, Edgar “N”, y ella, se estableció una custodia compartida como parte del régimen de convivencia. Es decir, cuidan el mismo número de días y con la mismas responsabilidades a M., señaló.
Cuando Silvia acudió a la escuela, le comentaron que su hijo no había asistido ese día. Tras intentar contactar a su expareja, no hubo respuesta alguna.
"Yo fui a recoger a mi hijo a la escuela; mi hijo no estaba ahí. Intenté comunicarme con la contraparte, la contraparte tenía cortada toda comunicación. No me contestó el teléfono; acudí a su casa, nunca salió... No me contestaba llamadas y cortó toda la comunicación conmigo", narró.
Sin conocimiento del paradero de M., ese mismo día acudió al Centro de Justicia para las Mujeres y puso una demanda 3597/2024 en contra de su expareja. No obstante, comentó que, días antes, la contraparte había interpuesto una denuncia en su contra, y ha intentado desprestigiarla.
"Fui y levanté una demanda al Centro de Justicia para las Mujeres; me tomaron la demanda, una demanda por retención o sustracción de persona menor de edad. Y si bien, me recibieron mi demanda, me negaron una medida urgente de búsqueda y localización de mi hijo; porque, según me explicó el Ministerio Público en turno, había una denuncia iniciada en mi contra..."
"Apenas un par de días antes, por violencia familiar; y había una orden, una medida precautoria también en mi contra de no molestia, hacia mi hijo y hacia su progenitor, en este caso", contó.
Tal como explicó la madre de M., el Centro de Justicia para las Mujeres negó tomar una medida extra para prevenir que su hijo haya sido o sea sustraído del Estado, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE BCS).
"La ministerio público negó esta orden; después la misma Procuraduría diría que me fue negada porque mi niño no estaba desaparecido, estaba con su papá. Yo en ese momento no tenía ninguna claridad de que mi hijo estuviera con su papá. Yo no sabía si efectivamente estaba con él. Y aquí es como el primero de muchos actos de violencia institucional que yo he recibido”, precisó.
Temía (y teme) que su hijo sea sustraído a otra entidad federativa, ya que la contraparte es originaria de Ciudad de México y no cuenta con familiares en la capital del estado.
"En algún momento se me permitió, me pasaron una videollamada con él; yo no supe si estaba con el papá, yo solo pude ver a mi niño unos segundos. Posteriormente se ratificó con un actuario que estaba ahí. Pero no más", indicó Yee.
Además, comentó que el padre, académico egresado de una institución universitaria del estado sudcaliforniano, trabaja con víctimas de desaparición forzada; “y es conocedor de todos estos procesos de todas las cosas que se tienen que poner en una denuncia para hacerlas muy agravadas”, enfatizó la madre.
Yee dio a conocer su situación a través de redes sociales. Aproximadamente dos días después, la PGJE BCS “emitió un comunicado donde decía, muy claramente, que esta medida precautoria ni autorizaba al papá para retener a mi hijo ni me quitaba el derecho a mí y el derecho a mi hijo de convivir. Era solamente una medida que había por ahí y que de hecho yo tuve la misma medida contra el señor meses atrás", aseveró.
CÍRCULO DE VIOLENCIA
La madre de M. relató que esta situación no dio inicio con la retención de su hijo, el 24 de mayo. Comenzó hace 15 años y, en estos últimos, había amenazado con quitar la custodia, aseveró.
“Durante toda mi relación con el papá de mi hijo, yo sufrí abuso psicológico y abuso emocional de su parte. Y esto es una violencia muy silenciosa, pero que implica cualquier acto u omisión de cuidado que daña la estabilidad emocional, la estabilidad psicológica de la víctima; y que se traduce en actos como negligencia, abandono, humillaciones, rechazo, amenazas...".
"Esto, que de hecho es parte del violentómetro, se dio muy específicamente al momento de la separación entre el papá de mi hijo y yo. Donde bueno, bajo amenazas de quitarme la custodia de mi hijo, fue que yo accedí a muchas condiciones que están en el convenio, en el que actualmente tenemos", declaró.
Dicho esto, Yee señaló que desde hace meses la contraparte inició un proceso legal para quitarle la custodia, “activando las amenazas que él ya me había externado”, dijo. Por tanto, la retención que ha hecho la expareja de su hijo es ilegal y es un delito continuado, expresó la madre de familia.
"La Procuraduría comenzó a moverse; emitió una orden de presentación de mi hijo en el juzgado familiar. De hecho, emitieron rápidamente un acuerdo donde se le requiere a la contraparte dar cumplimiento exacto al convenio que él y yo al día de hoy mantenemos y que sigue sin cumplirse".
"El Señor sigue sin cumplir el convenio y el régimen de convivencia. Y bueno, a pesar de que se le requirió a la contraparte presentar a mi hijo, él se negó totalmente a ello. De hecho, ofreció una entrevista en esos días, donde claramente señala que él no se va a presentar; y además hace señalamientos en mi contra, de cuestiones sumamente personales tratando de intimidar, como lo ha hecho desde hace muchos años", detalló.
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
A principios de junio, señaló Yee, su ex pareja tramitó un amparo, concediéndole provisionalmente el juez una medida de suspensión provisional. Por esos días , se realizó una audiencia para iniciar el proceso con respecto a la retención ilegal de su hijo:
"Y esta persona (expareja) se presentó justamente con una suspensión provisional para no ser detenido… Y justo hoy (11 de junio) me enteré de que le acaban de dar una suspensión definitiva de esta orden de búsqueda, localización y presentación en su contra. Sigo sin entender por qué; pero prácticamente el Poder Judicial de la Federación ahora le está dando permiso a esta persona para continuar un delito", comentó.
El convenio de custodia compartida, cabe aclarar, sigue vigente. Y ahora, el pasado 15 de junio, “por tercera vez, incumplió este convenio, al no entregarme a mi niño para iniciar la convivencia correspondiente. Esto quedó registrado por un actuario”, dijo la madre de familia.
Yee ha llevado a cabo la tramitación, documentación y valoración requerida para dar seguimiento del proceso jurídico-legal para ver a su hijo. “Siempre para demostrar que yo soy una madre capaz”, contó. No obstante, la contraparte “reiteradamente se ha negado a hacerse cualquier estudio, cualquier peritaje psicológico; y ha negado que se lo hagan también a mi hijo. ¿Por qué se niega a hacerse un estudio psicológico?", indicó.
El hecho de que a M. no se le permita convivir con su madre, no esté recibiendo una educación y con las respectivas terapias y atención médica que M. requiere, refleja una vulneración grave de los derechos del menor.
Vulneración que de hecho ya fue señalada por trabajo social de la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, tras hacer un estudio socioeconómico al padre de su hijo. Al respecto, Yee aseveró que “la contraparte ha negado totalmente desde que tenemos los diagnósticos, esta condición especial en mi hijo; y ha obstaculizado todo su tratamiento".
Hoy, 17 de junio, la madre de familia acudió a otra audiencia; continuará en la lucha por recuperar a su hijo, buscando el apoyo por parte de la ciudadanía en todo momento. Teme que su situación quede impune, y relata que el bienestar de su pequeño M., está en riesgo.
VACÍOS LEGALES NAVEGAN ENTRE LA VIOLENCIA VICARIA
La historia de Silvia visibiliza la lucha que madres víctimas de violencia vicaria navegan entre los vacíos legales que ello implica.
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA VICARIA?
El Informe Contextual sobre Violencia Vicaria: Análisis de la legislación estatal desde el enfoque civil y penal versus leyes locales en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, por la Secretaría de Gobernación, define a la violencia vicaria como aquella violencia que utiliza como medio a las hijas o hijos producto de la relación de pareja, expareja, concubino, exconcubino, cónyuge, excónyuge para herir, violentar y controlar a, en este caso, la madre. Lo cual genera un daño psicoemocional a ella y a sus hijas e hijos.
Asimismo, es un tipo de violencia de género que atenta contra la integridad de la madre y su hijo o hija, y no opera de manera aislada. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), regularmente suele suscitarse a raíz de un maltrato psicológico, económico, físico o patrimonial.
El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur indicó que en 2022 se presentaron 601 denuncias por Guardia y Custodia y 81 por Patria Potestad. Mientras; el año pasado se registraron 686 y 106 de forma respectiva. No se plasman más especificaciones con respecto a tales denuncias.
Bajo este panorama, el Informe Contextual argumenta que la violencia vicaria no es un delito reconocido en el código penal del estado; solo se tiene el concepto de violencia vicaria. Pese a ello, se encuentra tipificado como delito similar la violencia por alienación parental.
Lo anterior puede derivar en ambigüedades y “lagunas legales”, tal como ha señalado la UNAM en relación a las circunstancias en materia legal por parte de algunas entidades federativas, como la nuestra.
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Según el Centro de Justicia para Mujeres, tan sólo entre mayo y junio de 2023, se registraron 15 casos de violencia vicaria. En su mayoría, las mujeres mayores de edad son las principales víctimas de estos actos. Aún así, se señala que en septiembre de ese mismo año, no existía una carpeta de investigación abierta por dichos motivos de violencia.
El 21 de mayo del año en curso, el Congreso del Estado presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 200 al Código Penal, mismo que tipificaría la violencia vicaria como un delito autónomo.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Baja California Sur, la violencia vicaria aparece en el artículo 4 y determina que:
Es una violencia que se ejerce por parte de quienes sean o hayan sido cónyuges, concubinos de las mujeres o por quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones de afectividad, aun sin convivencia, en donde estos utilizan a las hijas e hijos, a familiares, a personas apreciadas por ellas o mascotas, como instrumento para dañar a la mujer. Gobierno del Estado de Baja California Sur. [Última reforma 20 de octubre de 2023].
