La Paz, Baja California Sur.- Expresidentes de la Mesa Directiva del Ejido Todos Santos, Baja California Sur, negaron las acusaciones del presidente, Francisco Javier Orozco Domínguez, a quien argumentaron haber removido.
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Marco Antonio Torres Díaz y Ariadna Sepúlveda González expusieron su versión de los hechos de la presunta "usurpación de funciones" de que los acusó Orozco Domínguez por ambos desconocerlo en su cargo la cual dijeron “es falsa”.
Los expresidentes recordaron que se realizó “una asamblea de elección de órganos de representación” el 26 de febrero de 2023 y quedó electo presidente Benjamín Torres Ceseña.
Además, que el 27 de agosto de 2023 se realizó otra asamblea, donde presuntamente removieron a Francisco Javier Orozco Domínguez de su cargo.
Aseguraron que el actual presidente del Ejido Todos Santos está “destituido” y no pudo haber sancionado a ningún otro ejidatario.
DAÑO PATRIMONIAL
Sobre acusaciones de daño patrimonial cercano a 30 millones de pesos contra el ejido hechas por el Comisariado Ejidal y que señalan, constan en actas de asamblea, los expresidentes respondieron haberse destacado por su trabajo “con transparencia y honestidad”.
Ambos reconocieron haber ocupado consecutivamente el cargo de presidentes del Comisariado Ejidal de 2017 a 2020 y de 2020 a 2022.
Defendieron haber conseguido beneficios para los ejidatarios.
“La contingencia sanitaria COVID-19, que nos impidió realizar asambleas generales […] se le entregó debidamente 3 terrenos a cada ejidatario, derivado de un acuerdo de asamblea celebrada previo a la pandemia”, argumentó Torres Díaz.
“Es así como cada uno de los Ejidatarios han tenido la oportunidad de vender y obtener beneficios económicos de manera directa”, añadió el expresidente.
Negaron cualquier irregularidad en las operaciones financieras y sostienen que sus informes fueron aprobados en las asambleas generales de ejidatarios.
FALSO QUE 50 EJIDATARIOS HAYAN SIDO CASTIGADOS, RESPONDEN
Recalcaron que la supuesta destitución de Francisco Javier Orozco Domínguez fue el resultado de una votación mayoritaria y no un “intento de usurpación”, como acusó en la nota.
Expresaron que es falsa la afirmación de que 45 a 50 ejidatarios fueron sancionados por 10 años sin goce de derechos ejidales porque tienen “el derecho de expresar sus opiniones y que estos derechos deben ser protegidos por la ley”.
PIDEN JUSTICIA
Sobre la preocupación de nuevos fraudes luego que el grupo presuntamente usurpador entregó regalos de navidad en otros ejidos, respondieron que es una manifestación tendiente a desacreditarlos y manipulada por intereses personales y económicos.
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Dijeron tener toda la vida dedicados “a realizar labores altruistas” y pidieron protección a la justicia por las expresiones de Orozco Domínguez, pero dijeron confiar que el Estado de Derecho prevalecerá en esta situación, que consideraron una “situación de riesgo”.