La Paz, Baja California Sur.- Representantes de catorce agrupaciones de transporte público de La Paz acudieron este viernes a interponer una denuncia ante el Centro de Justicia Penal en contra de la alcaldesa Milena Quiroga Romero por supuestas amenazas a transportistas.
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Secretarios generales de transporte expusieron que la presidenta municipal se está metiendo con la autonomía de las agrupaciones, además de estar utilizando su figura como autoridad para violar los derechos de transportistas a quienes amenazó con quitarles representaciones en los gremios.
“Estamos poniendo esta denuncia en contra de ella porque nos amenazó a todas las agrupaciones que iba a intervenir en cada una de las autonomías de todos los gremios, nos difamó públicamente, pues entonces que ella rinda cuentas y que quienes le dijeron que nosotros nos robamos el dinero, que no somos dirigentes, dijo muchas cosas” señaló el líder transportista, Pedro Enrique López.
Transportistas señalaron que Quiroga Romero pretende lucrar con el transporte público y sitios de taxis de la ciudad.
Explicaron que recientemente presentó una aplicación digital para taxis que no será gratuita, sino que cada taxista deberá pagar por obtener el beneficio. Refieren que esta solo será gratuita los primeros cuatro meses de prueba, periodo en el que durará su campaña de reelección.
“Nosotros no entramos a esa aplicación, la misma presidenta está promoviendo una aplicación en vez de aplicar la ley donde estamos viendo todo el año carro piratas que hemos denunciado y no se ha tenido ninguna detención de un vehículo. Ella tiene que parar a todos los autos piratas, los taxistas pedimos que se respeten la ley”.
Denunciaron que tanto en La Paz como en Los Cabos existe la misma problemática con la falta de regulación del transporte donde hay una gran cantidad de vehículos que ofrecen el servicio sin estar regulados, consideran que esta problemática es provocada por la falta de supervisión de todos los niveles de gobierno.
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Pidieron a Milena Quiroga dejar de “meter las manos” en la autonomía de agrupaciones de transporte debido a que está violando los derechos de quienes forman parte de estas organizaciones, debido a que la servidora pública quiere tomar decisiones cuando no tiene la facultad para hacerlo.