La Paz, Baja California Sur.- El sector turístico dedicado al avistamiento del tiburón ballena en La Paz enfrenta una nueva crisis, en donde que 26 prestadores de servicios turísticos se quedaron sin permiso para realizar sus actividades en la actual temporada, lo que se traduce en una pérdida económica diaria estimada entre 12,000 y 14,000 pesos por cada embarcación que no puede operar.

Nezahualpilli Tovar Lee, miembro del comité representativo de la especie en La Paz, detalló que, en los últimos cinco años, ha crecido el interés de diversas empresas por obtener permisos para actividades con el tiburón ballena en los cinco puntos del país donde es posible observar a esta especie.

"Cada vez más personas ven esto como una oportunidad de negocio, lo que incrementa la presión sobre la obtención de permisos”.

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Sin embargo, este aumento en la demanda, comentó el integrante del Comité, genera problemas administrativos, lo que afecta directamente y de forma severa a los prestadores de servicios turísticos.

En 2023, detalló, de las 72 solicitudes presentadas, solo 60 fueron aprobadas. Este año, a pesar de que se entregaron 83 permisos, 26 empresas, algunas con más de 10 años de antigüedad, no lograron obtener la autorización para trabajar con el tiburón ballena.

"Es un golpe muy duro para las familias que dependen de esta actividad, ya que se afecta no solo al permisionario, sino también a capitanes, guías y promotores turísticos".

Denuncia falta de transparencia en los procesos

Uno de los principales reclamos de los prestadores de servicios turísticos es la falta de transparencia y la tardanza en el proceso de dictaminación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Según Tovar Lee, la ley establece un plazo de 15 días hábiles para que la autoridad dictamine sobre las solicitudes; además, precisó, la Secretaría debe notificar a los solicitantes sobre cualquier observación o falta de documentación en los primeros cinco días hábiles, lo que no ha sucedido de manera consistente.

"El problema es que la autoridad abusa de los tiempos de interrupción y no nos informa en tiempo y forma. Por ejemplo, algunos permisionarios que ingresaron sus solicitudes el 2 de agosto recibieron notificación hasta el 15 del mismo mes, lo que les impidió corregir cualquier observación de inmediato".

Esta situación, asegura, ha generado retrasos innecesarios que terminan en resolutivos negativos para muchas empresas.

La pérdida de un permiso para el avistamiento del tiburón ballena impacta gravemente a las empresas. Tovar Lee estima que, en promedio, cada embarcación puede generar ingresos diarios de entre 12,000 y 14,000 pesos.

Esta cantidad cubre los costos operativos como gasolina, sueldos, seguros y mantenimiento de las embarcaciones, dejando un margen de ganancia neta de entre el 30% y 35%.

“Quedarse sin permiso significa no solo la pérdida de ingresos, sino también la incertidumbre para los empleados que dependen de esta actividad”.

Otro de los puntos críticos, mencionó, es la falta de participación de los prestadores de servicios turísticos locales en la elaboración del Plan de Manejo de la especie, el documento que regula las actividades con el tiburón ballena.

“Nosotros estamos en La Paz, trabajando a bordo de las embarcaciones, mientras que las decisiones se toman desde una oficina en la Ciudad de México sin consultarnos. Esto ha generado reglas que no siempre son viables en la práctica”.

La falta de consenso entre los operadores y las autoridades federales provoca que el Plan de Manejo no refleje la realidad de la actividad turística con el tiburón ballena, lo que deriva en múltiples "atropellos" a los derechos de los operadores turísticos.

“Es crucial que las reglas se consensúen con quienes trabajamos directamente con la especie”, subrayó.

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A pesar de la adversidad, los prestadores de servicios turísticos continúan apegándose a los procesos legales para intentar recuperar los permisos perdidos. Asimismo, Tovar Lee confirma que ya presentaron un recurso de revisión ante la Semarnat, aunque considera que el problema va más allá del proceso administrativo.

"El hermetismo de la Dirección General de Vida Silvestre es solo la punta del iceberg. Lo que realmente necesitamos es un proceso más transparente y participativo que garantice los derechos de quienes hemos trabajado con esta especie durante años", concluyó.