La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).-Todas las obras que vengan del gobierno federal o del estatal son bienvenidas, dijo la presidenta municipal de Mulegé Edith Aguilar Villavicencio, antes de participar en la reunión que tuvo lugar este viernes en Guerrero Negro a la que asistieron altos funcionarios federales, y en donde se abordaría el Plan Estratégico para ese municipio; No obstante, reiteró su demanda de que la Federación regrese al ayuntamiento los recursos del Fondo Minero que fueron retirados con la llegada de López Obrador a la presidencia de la República, y que para esta fecha representarían alrededor de 180 millones de pesos.
El Fondo Minero destinaría aproximadamente 60 millones de pesos cada año proveniente de las aportaciones de las empresas Exportadora de Sal de Guerrero Negro, y de Comsa, Carbón Mexicano y El Boleo que operan en Santa Rosalía e Isla San Marcos.
Eso, sin contar un adeudo que por este concepto tiene el Gobierno Federal con Mulegé por más de 50 millones, correspondientes a este mismo Fondo, pero del año 2017, y que no han sido entregados debido a que se encuentran en controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La demanda de entrega de estos recursos ha sido planteada por la alcaldesa a la secretaria de Economía Tatiana Clouthier y al propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a Guerrero Negro.
Aguilar Villavicencio informó sobre el gran atraso en materia de infraestructura que se registra en todas las comunidades de ese municipio, desde Guerrero Negro hasta Vizcaíno, pasando por San Ignacio, Santa Rosalía y la Heroica Mulegé, lo mismo que en la zona Pacífico Norte y sierra de San Francisco, desde falta de luminarias, drenaje, agua potable y pavimentación, hasta infraestructura educativa y hospitalaria.
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Citó además que el ayuntamiento tiene deudas por más de 250 millones de pesos, de los cuales 80 corresponden a sueldos de trabajadores.
Y la demanda de que se regrese a los municipios los recursos del Fondo Minero llegó también al Congreso del Estado; el pasado mes de septiembre, la diputada Paz del Alma Ochoa Amador presentó en tribuna un Punto de Acuerdo que fue aprobado por la unanimidad, en el que se solicita al Congreso de la Unión aprueben las reformas correspondientes a la Ley Federal de Derechos, para que se reintegren a los municipios los recursos que se generan por la actividad minera que se desarrolla en sus jurisdicciones, y se considere las previsiones necesarias para que tales recursos sean aplicados con transparencia y eficacia.