La Paz, Baja California Sur.- Más de 15 trabajadores del Centro de Control y Confianza (C3) laboran bajo contrato de honorarios, sin acceso a prestaciones de ley como aguinaldo, créditos de vivienda o servicios médicos, pese a realizar evaluaciones críticas para la seguridad pública en el estado y municipios.
A ello se suma la inexistencia de aumentos salariales, lo que dificulta cubrir necesidades básicas como la vivienda.
Los trabajadores del C3, que prefirieron mantenerse en anonimato por temor a represalias mayores, denunciaron bajos salarios, falta de prestaciones, exceso de trabajo.
Así como una jornada laboral que incluye fines de semana sin compensación, además que se les exige cumplir con las mismas obligaciones que los servidores públicos, y no se les reconoce como empleados del gobierno.
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“Nuestro salario no alcanza para cubrir necesidades básicas como vivienda y, aunque cumplimos con las mismas obligaciones que los servidores públicos, no se nos reconocen derechos laborales […] Nos prometieron plazas de confianza después de un año, pero llevamos más de seis esperando, mientras las condiciones laborales empeoran”.
El problema, aseguran, se agrava para aquellos contratados por honorarios, quienes aseguran que se les prometió acceder a plazas de confianza después de un año, promesa que no se ha cumplido. Estos empleados tampoco tienen derecho a prestaciones de ley como servicios médicos, aguinaldos o créditos para vivienda.
Amenazas y represalias
En medio de su lucha, afirman haber recibido amenazas para que regresen a laborar en su horario habitual, e incluso aseguran ser señalados como “irresponsables y poco éticos” por ejercer su derecho a la libre manifestación, pese a que buscan no afectar las actividades del centro
“Nos han advertido que, si no cumplimos, seremos sancionados e incluso podrían rescindirse el contrato sin liquidación”.
Un Centro de Control clave, pero olvidado
El C3, mencionan, es fundamental para la seguridad pública en el estado, ya que realiza evaluaciones críticas a jueces y funcionarios, y genera ingresos para equipar y capacitar a la policía.
Sin embargo, los trabajadores denuncian falta de inversión en infraestructura, personal insuficiente y abandono por parte de la dirección, a pesar de los reconocimientos nacionales que ha recibido el centro.
“Estamos olvidados por la dirección. No hay apoyo para mejorar las condiciones laborales ni para crecer profesionalmente.
La alta rotación de personal, con más de 20 empleados saliendo del centro en la última administración, lo que refleja un clima laboral negativo por parte de Yazmín Belem Herrera Mercado, titular del recinto desde hace la administración que encabezó Carlos Mendoza Davis”
Demandas de aumentos y jornadas laborales justas
Los empleados exigen aumentos salariales, reducción de jornadas excesivas, prestaciones de ley, y el cumplimiento de las promesas hechas a los contratados por honorarios.
También piden transparencia en el manejo de recursos y que el gobernador los reciba para escuchar sus demandas, algo que no ha ocurrido hasta ahora.
“Queremos que nuestro trabajo sea reconocido, porque lo que hacemos no solo es vital para la seguridad del estado, sino que también beneficia directamente al gobierno. Aun así, seguimos siendo invisibles”.
La incertidumbre domina entre los trabajadores, quienes afirman que la dirección no realizó evaluaciones durante dos meses, lo que afectó el cumplimiento de metas y ahora pretenden responsabilizarlos; además, acusan un manejo opaco de los recursos que el centro genera, situación que mina aún más su confianza en las autoridades.
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“Nos han dicho que, si no nos gusta la situación, busquemos otro trabajo. Pero no queremos irnos; queremos que cumplan con lo prometido y nos den condiciones laborales dignas”, concluyeron los empleados.