La Paz, Baja California Sur.- El gobernador del estado, Victor Castro Cosío, negó que el director de la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur Narciso Agundez Gómez se encuentre vinculado con la empresa encargada de la obra “El Piojillo”.
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Al ser cuestionado sobre la documentación del Registro Público de Comercio que señalaba a Agundez Gómez como comisionado de la empresa, el gobernador rechazó tal afirmación.
Sostuvo que la presentación de ese documento está mal interpretada, ya que corresponde a un registro de hace cinco o seis años, lo que calificó como un acto infame impulsado por consideraciones políticas.
"Fue una vileza lo que hicieron, ya que no tiene ninguna relación. Aparece como comisionado hace cinco o seis años, pero llevaron a cabo un escándalo afuera de su casa, algo infame para su familia."
Así mismo desestimó la idea de que la constructora esté recibiendo favores en proyectos de Baja California Sur. Aseguró que no existen compromisos con empresas privadas y enfatizó su determinación de promover la participación de empresas locales en licitaciones públicas. Por lo tanto, descartó la posibilidad de que Zohmex continúe siendo beneficiada con nuevas obras en el estado.
"No voy a darle oportunidad a tener empresarios consentidos que concursen. Estoy impulsando que toda la obra pública sea local."
"En relación a los concursos nacionales, quiero dejar claro que no tengo ninguna participación en ellos; es responsabilidad de la SEDATU. Tanto mi compañera Milena Quiroga y yo estamos buscando que todo sea transparente. Durante estos 2 años y 4 meses, no hay nada de lo que nos tengamos que retractar. Nuestro objetivo es asegurar la transparencia en todos los procesos", afirmó.
Ante la falta de compromiso por parte de la empresa en el conflicto laboral, el gobernador del estado, Victor Manuel Castro Cosio, explicó que al ser solicitada su intervención, convocó a una reunión con el secretario de la SEDATU para abordar la situación.
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En dicha reunión, se alcanzó un compromiso para realizar los pagos correspondientes, por lo que la resolución de la situación recae en la empresa y la SEDATU, ya que él no puede hacer más en ese asunto.
