La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- El Subsecretario General de Gobierno Omar Zavala anunció que antes de publicar en el Boletín Oficial la Ley de Bienestar, Protección y Posesión de los Animales para Baja California Sur recién aprobada por el Congreso, se habrá de revisar, y no descartó la posibilidad de vetarla en caso de que este ordenamiento invada o violente alguna norma oficial.
Lo anterior, derivado de la controversia en torno al límite de tiempo que marca la Norma Oficial Mexicana 042 de la Secretaría de Salud, en la que se contempla un plazo de 10 días para la eutanizacion de perros en los Centros Municipales de Atención Canina ( CEMAC), en caso de que el animal no sea adoptado.
Y es que en la reciente ley aprobada, los diputados no consideraron esta NOM y decidieron ampliar el plazo de 10 a 90 días, y sin mencionar la eutanización, una medida que según el Colegio de Médicos Veterinarios ha sido determinada por la Secretaría de Salud a fin de resolver un problema de salud pública, originada por la proliferación de perros callejeros.
Tan solo en la ciudad de La Paz alcanzaría la cifra de 50 mil animales, cuya condición de calle, los hace portadores de enfermedades y de parásitos que pueden poner en riesgo la salud de las personas, sin dejar de mencionar las heces fecales sobre la vía pública que se secan al sol y contaminan el aire que respiramos.
Aunque el Colegio de Médicos Veterinarios ha dejado en claro en reiteradas ocasiones que no están a favor ni promueven de la eutanización, y que se trata de la última opción en caso de que los perros no se logren dar en adopción, es una medida necesaria para controlar las sobrepoblaciones de caninos que en los últimos años se ha desbordado, constituyendo un serio problema de salud pública.
Con todo y lo anterior, fuentes consultadas por este medio vieron poco probable que el gobierno del estado vete la Ley recién aprobada, debido a que la NOM antes citada no está contemplada en ninguna ley, y a que los estados tiene autonomía para legislar en esta materia, de tal modo que antes que la Norma Oficial, tendrían que acatar la ley estatal.
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No obstante, la misma fuente coincide en que el ordenamiento recién aprobado no podría ser aplicado debido a que no hay ni la infraestructura ni los recursos para mantener a los perros en resguardo durante 90 días, y que incluso en lugar de resolver un problema estaría generado otro.
De este modo, al final, y después de un gasto innecesario, los perros tendrían que ser eutanizados, debido a que existe una sobrepoblación y las asociaciones protectoras de animales que operan refugios están saturadas; desde hace años han quedado imposibilitadas de recibir más perros para su resguardo y cada vez son menos los interesados en una adopción.