La Paz, Baja California Sur.- Este viernes, empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Baja California Sur vuelven a las calles en protesta contra la reforma judicial impulsada por el gobierno federal en el cruce de los bulevares Colosio y Abasolo, en La Paz.
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Juan Gutenberg Soler Hernández, secretario de juzgado del PJF, señaló que la lucha de los empleados federales continúa y que el personal mantendrá la suspensión de labores hasta el 11 de octubre.
“Seguimos resistiendo los embates de los poderes legislativo y ejecutivo. Estamos en suspensión de trabajo y seguiremos así hasta ser escuchados”.
Además, expresó que consideran como una serie de ataques “a la independencia judicial y los derechos de los ciudadanos” a través de la figura del “juez sin rostro”. Esta figura, introducida en la reciente reforma, fue duramente criticada por los funcionarios judiciales y organismos internacionales.
Rechazo al “juez sin rostro”
Siendo de los puntos más polémicos de la reforma, el “juez sin rostro”, que permite que “ciertos jueces” actúen de manera anónima en casos relacionados con la delincuencia organizada, argumentan que esto vulnera derechos humanos fundamentales, como ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El juez sin rostro va en contra de las disposiciones de derecho internacional”.
Soler Hernández también advirtió que la CIDH determinó que esta figura pone en riesgo los derechos de los detenidos. Pese a estas advertencias, tanto el gobierno saliente como el entrante, aseguró que defienden la viabilidad de esta medida, lo que ha intensificado las protestas.
Acciones legales en curso
Ayer, expuso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó darle cauce a la solicitud de amparo interpuesto por jueces y magistrados federales en contra de las reformas constitucionales. De ser admitido, la SCJN revisará si el proceso legislativo fue realizado de manera adecuada y si la reforma afecta los derechos humanos, como sostienen los manifestantes.
“La Corte ahora tiene en sus manos la responsabilidad de decidir si esta reforma viola nuestros derechos”.
Los trabajadores del PJF argumentan que las modificaciones afectan tanto a los procedimientos judiciales como a los amparos que ciudadanos presentan contra decisiones del gobierno y otras instancias.
Impacto laboral y movilizaciones
Las manifestaciones en Baja California Sur comenzaron en agosto, poco antes de la aprobación de la reforma en septiembre. Desde entonces, trabajadores del PJF ha manifestado que las nuevas disposiciones afectarán a más de 300 empleados en el estado, de los cuales 270 están afiliados a la organización sindical.
Las protestas se intensificaron con paros laborales que dieron inicio el 21 de agosto.
Soler Hernández subraya que el impacto de la reforma no es solo jurídico, sino también laboral.
“Estamos hablando de que esta reforma afecta directamente nuestras condiciones de trabajo y la seguridad de nuestros puestos”.
Los manifestantes exponen que la implementación de la reforma se ha realizado sin un diálogo abierto y sin tomar en cuenta las preocupaciones del personal judicial.
Protestas en espera de un diálogo
El secretario del juzgado reiteró que las manifestaciones continuarán hasta que se establezca un diálogo con la nueva administración federal, encabezada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.
Las movilizaciones en Baja California Sur se suman a una serie de protestas a nivel nacional que buscan frenar la reforma judicial y revertir las disposiciones que consideran perjudiciales para la independencia del Poder Judicial. Hasta el momento, el gobierno no ha ofrecido una respuesta oficial a las demandas de los trabajadores.
