La Paz, Baja California Sur.- El gobernador Carlos Mendoza Davis consideró que a 10 meses de presentada la iniciativa de Ley de Movilidad para el estado de Baja California Sur, los diputados del Congreso deberían de pasar a la discusión de este proyecto, “y que cada quien asuma las posiciones y los costos respectivos”.
Aunque señaló que serán los diputados los que marquen los tiempos, recordó que esta iniciativa ha sido discutida y analizada en muchos foros a lo largo del estado, y a la fecha se conoce perfectamente la posición de cada una de las partes involucradas.
La ley de movilidad ha sido ampliamente cuestionada por los gremios de taxis de La Paz y los Cabos, que ven en este ordenamiento legal el peligro de que se legalice el uso de plataformas digitales como Uber y otras que operan el servicio de transporte.
El tema se ha politizado, derivado de los llamados o pronunciamientos que sobre este asunto han hecho actores políticos como el ex gobernador Leonel Cota y el delegado de programas federales Víctor Castro, y más recientemente el alcalde de La Paz Rubén Muñoz Alvarez.
La polémica por esta iniciativa incluso dividió al congreso, de tal modo que una parte de los legisladores de la llamada Cuarta Transformación decidieron formar su propia fracción de Morena y asumir posiciones distintas al del resto de sus correligionarios, tanto en esta como en otras propuestas.
Aunque el diputado Rigoberto Murillo ha informado que a la iniciativa enviada por el ejecutivo se le han realizado al menos 20 modificaciones, el gobierno del estado no conoce oficialmente de estos cambios, según señaló el director de Trasporte Jesús Robles.
El funcionario manifestó que Baja California Sur requiere de un cambio de movilidad “de manera urgente” y recordó que no solo se trata de las plataformas digitales de transporte sino de un marco legal que gire alrededor de la persona, del usuario, que le reconozca y le garantice el derecho humano a la movilidad, jerarquizando el uso de la vía pública dándole prioridad al usuario, bajo los principios de seguridad, sustentabilidad y accesibilidad.
Recordó que el precursor en este ordenamiento fue la ciudad de México y de ahí se han sumado otras entidades como Jalisco, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco, Quintana Roo y Nuevo León, entre otras, y están en proceso los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa.