La Paz, Baja California Sur.- Un grupo de ejidatarios solicitó a la Procuraduría Agraria que convoque a asamblea de remoción de órganos de representación del ejido Todos Santos.
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Este miércoles un grupo de alrededor de 40 ejidatarios pertenecientes al ejido de Todos Santos se manifestaron en la oficina de la Procuraduría Agraria, en La Paz, con el fin de solicitar a la autoridad que convoque a asamblea de remoción de órganos de representación en el ejido Todos Santos, derivado de un conflicto que se originó desde 2020 y que a su vez provocó que presuntamente no se les permita el acceso a la casa ejidal.
Ariadna Sepúlveda González, quien se nombró líder de la comunidad del ejido Todos Santos, explicó que “el órgano colegiado, que supuestamente nos representa no nos está permitiendo el acceso a la casa ejidal para poder ejercer nuestros derechos”.
Aseguró que el inmueble “está vandalizado porque tienen un grupo de choque por lo cual cada día son menos los ejidatarios titulares que asisten al lugar”.
Denunció que la casa ejidal “es usada para la protección de sus propios intereses y tenemos evidencia donde ya se comercializó una parcela que pertenece a todos los ejidatarios”.
Mencionó que “simularon un acuerdo para una negociación con financiera, ya que era una parcela hipotecada; sin embargo, ya hay un contrato donde ya transmitieron la propiedad valuada en 190 millones de pesos”, por lo cual la parcela ya está delimitada y dividida.
Explicó que se hizo un contrato a largo plazo “solamente dieron un anticipo de 20 millones de pesos cuando se está señalando dentro del mismo contrato que si no se libera de la hipoteca de la financiera van a tener que hacer retención de pagos”.
Sepúlveda González aseguró “al estar lotificado ya se está ofertando en una página web y con lo que se reciba de las compras de los terrenos van a estar abonando al ejido”.
Por lo cual consideró injusto la manera de proceder debido a que existen varios ejidatarios con problemas de salud y no se están atendiendo.
“Pero sobre todo no se nos está permitiendo el ejercicio de nuestros derechos, el acceso a la casa ejidal y fuimos agredidos de una manera violenta y la protección de nuestro patrimonio está por los suelos”.
Insistió que son más del 30% de los ejidatarios a quienes no se les permite acudir.
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Abundó que se tiene dos años que no se llevan a cabo las asambleas en primera convocatoria “con los que estén, incluso con representantes en la irregularidad porque no existen actas inscritas en el registro agrario debido a que no se le permite a la Procuraduría Agraria intervenir, no se les invita como anteriormente por usos y costumbres”, por lo cual solicitó a esa procuraduría que lleve a cabo procedimientos que le faculta la ley.
