La Paz, Baja California Sur- Nueva controversia por la falta de aclaración de casi medio millón de pesos del presupuesto 2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur.
Por este y otros motivos, Abraham Eliezer Manríquez Ramírez, quien se ostentó como director de Administración, presentó una queja ante la Unidad de Investigación del Órgano Interno de Control el pasado 3 de enero.
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Mediante oficio DOCTO/INT/ADMÓN/055/2024, Manríquez Ramírez describió una serie de irregularidades que, según él, atentaron contra sus derechos humanos e hizo responsable a la presidenta de la CEDH, Charlene Ramos Hernández.
Las acusaciones incluyen presunto acoso laboral o mobbing, trato discriminatorio, abuso de autoridad y posibles actos de mal uso del presupuesto del año 2023, por 477 mil 229 pesos, sin respaldo financiero.
Manríquez Ramírez alegó que la presidenta no ha respondido a sus solicitudes de subsanar dichas omisiones y firmar documentos que respalden operaciones financieras realizadas bajo su dirección.
“REPRESALIAS” POR GASTOS SIN COMPROBACIÓN O FIRMA
Se detallan pagos realizados a diferentes proveedores, incluyendo Sahagún Abogados (abogado laboral) por 122 mil 194 pesos; Newwweb SAS de CV (servicios web y publicidad) por 265 mil 635 pesos y 46 mil 400 pesos a Publicidad Rosident SA de CV (logotipo para la institución).
Sin embargo, destaca un pago de 43 mil pesos para Charlene Ramos Hernández, en concepto de viáticos y gastos a comprobar en noviembre de 2023. Además, se estipula que no ha firmado nóminas de mayo a diciembre de 2023.
Según Manríquez Ramírez, tras solicitarle soportes del gasto y su firma por dichas operaciones, la presidenta emprendió acciones que ahora le impiden realizar sus funciones administrativas.
Estas incluyen el cambio de contraseña al Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública (Siret), bloqueo al token bancario bajo su uso, bloqueo al acceso al correo institucional, eliminación del grupo de comunicación vía WhatsApp con el personal.
Además de la revocación de la Firma Electrónica (FIEL) para acceso al portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y finalmente, el cambio de cerraduras en el despacho de la Dirección de Administración y Finanzas.
El director de Administración alegó que estas acciones se llevaron a cabo antes y durante el periodo vacacional decembrino, "tomando" la oficina en su ausencia y la del personal.
Pidió esclarecer los hechos y determinar si existe un mal uso de los recursos financieros de la CEDH, ya que Manríquez Ramírez sostiene que estos hechos son una represalia personal por exponer situaciones financieras no subsanadas al cierre del ejercicio fiscal 2023.
FUE DESTITUIDO DESDE NOVIEMBRE, RESPONDE PRESIDENTA
En una entrevista para El Sudcaliforniano, la presidenta de la CEDH en Baja California Sur, Charlene Ramos Hernández, respondió a las acusaciones de Manríquez Ramírez.
Ante las preguntas realizadas, Ramos Hernández respondió que son “calumnias”, ya que consideró Abraham Manríquez sigue ostentándose como administrador de la comisión, a pesar de haber sido destituido desde el 26 de diciembre de 2023.
“Fue destituido del cargo por situaciones de pérdida de confianza, abandono de trabajo y otras diversas situaciones que están siendo sujetas de investigación por el Órgano Interno de Control", aseguró Ramos Hernández.
Consideró necesario “alertar a la ciudadanía” sobre el uso no autorizado del logotipo de la CEDH por parte de Manríquez, quien, según recalcó, detenta el cargo que ya le fue revocado.
"Lamentablemente, se continúa agravando la situación porque se ostenta con un cargo, detentando, sabiendo que ya se le fue revocado", enfatizó Charlene Ramos.
Sobre la solicitud de investigación por una cantidad cercana a medio millón de pesos, Ramos Hernández reiteró que son "difamaciones y calumnias" y que ya se presentaron denuncias ante el Órgano Interno de Control para las revisiones correspondientes.
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Al ser cuestionada sobre el tiempo que podría tomar la investigación, Ramos Hernández señaló que no hay un plazo específico, pero se comprometió a que las investigaciones serán “en tiempo y forma”.
"Se tienen que hacer las investigaciones en tiempo y forma, no solamente de eso, sino también de otras irregularidades severas que ya dimos vista al órgano de control [en el tema financiero]", indicó.
La presidenta no proporcionó detalles específicos sobre las investigaciones en curso, argumentando la necesidad de salvaguardar la naturaleza de las mismas. Sin embargo, aseguró que son irregularidades serias cuyo destino resolverá el Órgano Interno de Control.
