La Paz, Baja California Sur.- El diputado morenista José María Avilés Castro presentó el martes 18 de junio al pleno de la XVI Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversos artículos de la Constitución del Estado de Baja California Sur, a fin de introducir en ellos la perspectiva de género.
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La iniciativa, asimismo, plantea la reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, incluyendo la incorporación de un artículo 48 Ter a dicho ordenamiento, para establecer las atribuciones y obligaciones de las y los jueces especializados en violencia familiar contra las mujeres.
Así como, conforme a las posibilidades presupuestales, la creación de “Juzgados Especializados en Violencia contra las Mujeres”, de competencia mixta en materia penal y familiar, con el objeto de asegurar a las mujeres el acceso a una justicia efectiva con perspectiva de género, evitando la revictimización ante diversos juzgados.
Por otro lado, la iniciativa plantea ampliar de dos a tres años el periodo de duración en el cargo de la presidenta o presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, precisando que la elección de dicho cargo se llevará a cabo en sesión plenaria que deberá celebrarse el último día hábil del periodo que corresponda en el cargo a la o el presidente en turno.
O en su ausencia definitiva, toda vez que los dos años de temporalidad en el cargo que establece la norma vigente, impiden la planeación e implementación de proyectos institucionales a mediano y largo plazo, lo que aunado a la imposibilidad jurídica de reelección, compromete la continuidad de dichos proyectos.
Con relación a las reformas que inciden en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, el legislador mencionó que la creación de órganos jurisdiccionales especializados, estableciendo en el artículo de nueva creación que las y los jueces adscritos a esos órganos tendrán las facultades para resolver sobre las medidas cautelares o de protección de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Así como cualquier medida tendiente a proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia establecidas en el marco jurídico nacional e internacional, siempre que exista el mencionado vínculo entre el agresor y la víctima; y para decretar provisionalmente alimentos, guarda y custodia, separación o depósito de personas y régimen de convivencia entre padre no custodio y los hijos.
