El Congreso del Estado de Baja California Sur turnó a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Igualdad de Género, una iniciativa ciudadana para adicionar a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur; con la finalidad de responsabilizar con falta administrativa grave al servidor público que por actos, omisiones o negligencia, obstaculice, retrase o impida de manera injustificada la activación de la alerta Amber o del Protocolo Alba, de personas desaparecidas.
En su exposición de motivos el suscrito Oscar Alberto Leyva, señaló que para dimensionar el sentido de la iniciativa así como la gravedad del problema de la violencia desmedida que sufren, niñas y mujeres en el país, detalló que en México cada 24 horas desaparecen 7 niñas, niños y adolescentes; en promedio se estima que entre 10 y 11 mujeres son víctimas de feminicidio, además, dijo, cada 24 horas se registran 25 denuncias de violencia familiar, mientras que el 77% de las mujeres han manifestado ser víctimas de acoso sexual y un 87.2% víctimas de violencia digital; resaltó que Baja California Sur ocupa el décimo lugar con mayor número de personas desaparecidas.
Añadió que en la práctica del día a día los ciudadanos que denuncian una desaparición, violencia doméstica, abuso sexual y/o digital, se les pide esperar un lapso de 24 horas para tener presentar la denuncia, a los familiares de desaparecidos, malos tratos y formas insensibles ante la angustia y desesperación de los mismos, además de padecer de las malas praxis de algunos servidores públicos que no ejercer su deber como debiese.
Por lo anterior, resaltó la importancia de actuar de manera inmediata por parte de las autoridades con facultades para erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo la búsqueda y localización de las niñas y mujeres víctimas de desaparición toda vez que en la mayoría de los casos es la capacidad de respuesta que determina la vida o la muerte de una personas desaparecida.
"se considera que las negligencias, vicios o retrasos en las investigaciones son una forma grave de obstrucción de la justicia que esta ya debidamente sancionada en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por que deja abierta la posibilidad de deslindar responsabilidades, por ello se busca que se tipifique como una falta grave”.
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El suscrito expuso que la iniciativa presentada también se fundamenta en lo señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) referente a la importancia de contar con personal debidamente capacitado y sensibilizado con perspectiva de género y derechos humanos para que realicen las debidas diligencias en los casos de desaparición sobre todo en niñas y mujeres
La iniciativa de reforma se turnó a las comisiones unidad de Puntos Constituciones y de Justicia y de Igualdad de Género para su análisis y dictamen.