La Paz, Baja California Sur.- Fue el pasado mes de septiembre cuando el diputado federal por Morena, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa la cual pretende que las residencias oficiales de los estados sean puesta a la venta. Cabe mencionar que algunas de estas son ocupadas como casa temporal (durante el periodo de mandato) por los gobernadores en turno.
La propuesta establece que los inmuebles que son destinados para ese efecto, sean desincorporados del dominio del Estado, para ser enajenados y que, los recursos obtenidos sean empleados en equipamiento para hospitales.
En ese sentido de llegar hacer aprobada dicha iniciativa, El Caimancito, casa de gobierno en BCS y la cual actualmente se ocupa como despacho o para reuniones de trabajo, podría ser puesta a la venta, aunque quienes tienen la facultad para que se lleve a cabo esta acción son las autoridades estales y el Congreso local. Dicho inmueble se construyó en 1946, sobre la playa del norte de La Paz.
La propuesta del legislador federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señala que el ahorro en el gobierno mexicano es uno de los principales mandatos de los ciudadanos, que todos los órganos de gobierno están comprometidos a cumplir.
Indicó que todos los órganos de gobierno están comprometidos con la población para acabar con el lujo y despilfarro de las instituciones gubernamentales, para poder tener organismos más eficientes y el que el dinero sea destinado a la población.
El objetivo central, de acuerdo al proyecto de nación, es eliminar privilegios y excesos en la administración pública en beneficio de la población menos favorecida.
Los recursos obtenidos de las ventas de dichos inmuebles pretenden sean empleados en equipamiento par hospitales
Se debe dejar de destinar recursos públicos para la compra y sostenimiento de bienes inmuebles que sean destinados a casas de gobiernos, residencias oficiales o similares.
Al respecto, la Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 3, fracción III, establece que son bienes nacionales los bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades federativas, por lo que tomando con base esta premisa es que resulta idóneo también establecer ciertas limitantes en el uso que se les da o se les pueda dar a aquellos inmuebles del dominio del Estado que son utilizados por titulares de los gobiernos locales y su familias.
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De igual manera, el objetivo principal de la iniciativa presentada en el mes de septiembre es que los titulares del Poder Ejecutivo en México, en todos los niveles, dejen de destinar recursos públicos para el mantenimiento de las denominadas “casa de gobierno”.
