La Paz, Baja California Sur.- De las 7,390,900 hectáreas de esta entidad federativa, 5,375,759 se constituyeron como ejidos, de las cuales 583,669 se han privatizado hasta el 2024, lo que representa el 10.8% de la tierra ejidal.
Lee: Piden a Procuraduría Agraria intervenir en conflicto ejidal de Todos Santos
Carlos Cruz González, profesor investigador del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en entrevista con El Sudcaliforniano, explicó que “la tierra ejidal se ha privatizado, pero de forma focalizada, es decir, en las zonas ejidales conurbadas con los grandes centros de población como La Paz, San José del Cabo, Cabo San Lucas y Loreto, así como en zonas con vocación turística por sus costas como La Ribera, Los Barriles, Todos Santos y Pescadero”.
Dijo que derivado de la revolución mexicana y el reparto agrario, en Baja California Sur se constituyeron 100 ejidos, los cuales abarcaron el 75% de toda la superficie del estado.
Mencionó que con las reformas a la Constitución de 1992 que abrieron la posibilidad de que las tierras ejidales se pudieran vender y pasar a manos de particulares, se generó un proceso de privatización, pero muy diferenciado, de tal forma que en las zonas conurbadas y con vocación turística el proceso de privatización lleva un avance del 50%, mientras que en el resto de los ejidos, sobre todo del norte del estado, el porcentaje es mucho menor.
Al hablar sobre la creación de los ejidos y los conflictos de tenencia de la tierra que esto provocó, dijo que en parte se derivan del traslape de tierras ejidales con los títulos de propiedad expedidos en los periodos de los presidentes Benito Juárez y Porfirio Díaz.
En su libro, “Los títulos de propiedad de Baja California expedidos por Benito Juárez (1859-1861)”, el doctor Cruz González expone que la incertidumbre en la tenencia de la tierra en la península de Baja California ha sido una constante a través de su historia y uno de los pasajes más emblemáticos de esta condición fue la publicación del decreto del 10 de marzo de 1857.
Por motivo de este decreto que declaró sin valor las concesiones otorgadas por las autoridades locales de la Baja California desde 1821, los propietarios de tierras, principalmente los asentados en la porción sur, en donde se concentraba la mayor parte de la población en esa época, convinieron con Ulises Urbano Lassepás para que llevara a ratificar los títulos de propiedad de sus ranchos ganaderos y huertas urbanas ante el gobierno del presidente Benito Juárez.
Lo anterior trajo como consecuencia la expedición de aproximadamente 350 títulos en los años 1859 y 1861, muchos de los cuales sustentan hasta la fecha la propiedad de los terrenos.
Explicó que el caso de Baja California Sur no es normal, porque siempre fue el “patito feo” de la administración federal, por su lejanía, sin grandes recursos, limitado de agua y baja productividad, pero aprovechando el reparto agrario de 1915 y para proteger la península de invasiones extranjeras se dio una entrega de tierras a ciudadanos mexicanos como en todo el territorio nacional.
El problema es que como ya había títulos de propiedad expedidos por los presidentes Juárez y Díaz “que son completamente válidos, porque no ha habido una resolución judicial ni administrativa que los haya declarado nulos”, se generaron conflictos muy fuertes que prevalecen hasta la fecha como los de San José del Cabo y Todos Santos.
Dijo que con las reformas a la Constitución de la República de 1992, que entre otras cosas busca regularizar los ejidos, surgieron otros problemas, pues las mediciones de la época en la que se crearon las parcelas ejidales no coincidían con las nuevas mediciones con coordenadas geodésicas, de manera que quedaron al descubierto los traslapes entre parcelas ejidales y parcelas ejidales y pequeñas propiedades, entre otros.
“La problemática de la tenencia de la tierra en Baja California Sur es compleja y habría que analizar cada uno de esos problemas para ubicar su origen”, expresó.
El investigador de la máxima casa de estudios del estado, señaló que otro grave problema al que se enfrenta la tenencia de la tierra en el país y en Baja California Sur es la falta de cuidado del acervo histórico de la propiedad.
Expuso que “tenemos un archivo muy grande y extenso que es el Archivo General de la Nación y el Archivo General Agrario, pero tenemos un hoyo muy profundo en cuanto a la documentación, registro y resguardo de los terrenos que se titulan”.
Suscríbete aquí a la edición digital de El Sudcaliforniano
Abundó que los títulos expedidos por Porfirio Díaz, pero sobre todo los de Benito Juárez, que fueron 222 en 1859 y 150 en 1861, no tienen suficiente respaldo, porque en esa época no existía el Registro Público de la Propiedad.
Dijo que la gente se quedaba con los documentos originales, pero con el paso del tiempo, al fallecer el titular, al irse dando los terrenos en herencias o ventas se empezó a perder la historia y el registro de que salió del dominio de la nación.
Puntualizó que cuando llegó el tiempo de los ejidos, quien tenía la facultad de hacer el estudio de cada caso era el Gobierno Federal, pero no tenía los elementos suficientes para analizar si los terrenos que estaban afectando realmente tenían propietarios o no, y por lo tanto muchos ejidos cayeron encima de títulos de propiedad legalmente expedidos.
Comentó que hoy que es posible la venta de tierras ejidales a particulares y las transacciones con personas o empresas extranjeras, es posible que surjan reclamos de gente que dice tener un título de propiedad de los periodos de Díaz y Juárez, pero antes que nada debe acreditarse que el título es original, para que el caso entre a tribunales.
