/ viernes 14 de junio de 2024

Procuradurías tendrían competencia en tema de adopción de menores

La propuesta busca dar mayor protección a niñas, niños y adolescentes

La Paz, Baja California Sur.- Las comisiones permanentes unidas de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado, presentaron el jueves el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil del estado de Baja California Sur.

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El dictamen concluye que la iniciativa presentada por las diputadas Teresita de Jesús Vázquez y Gabriela Cisneros Ruiz se formula con el objeto de fortalecer y definir el funcionamiento, competencias y coadyuvancia de las procuradurías estatal y municipales de protección de niñas, niños y adolescentes

Ambas comisiones dictaminadoras consideran que, de ser aprobado el dictamen, este proyecto no tendría un impacto presupuestario, ya que lo que plantea es la actualización de las procuradurías de protección municipales en cuanto a sus competencias y coadyuvancia con las demás procuradurías de protección, lo que ya se tiene presupuestado, pero no está actualmente en la Ley.

En entrevista, la diputada Gabriela Cisneros explicó que presentaron una iniciativa de reformas que eran necesarias para darle las facultades que se requieren a las procuradurías del estado y de los municipios.

Abundó que trabajaron conjuntamente con el DIF estatal, a través de mesas de trabajo en las que también se hicieron las valoraciones para darle certeza y validez al tema de la adopción de niñas, niños y adolescentes en Baja California Sur, el debido cuidado que se debe tener al otorgar la adopción, así como las sanciones en su caso, a la hora de no dar cumplimiento en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes.

“Es un paso amplio para el estado que también lo estamos replicando para otros estados y esperamos en la siguiente sesión poderlo votar”, puntualizó.

Precisó que uno de los principales puntos de la iniciativa es darle más facultades a las procuradurías municipales en coadyuvancia con la procuraduría estatal en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, así como en el tema de adopciones.

Entre otros planteamientos de la iniciativa se establece en el artículo 25 de la citada Ley que las personas interesadas en acoger o adoptar niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la tutela del Estado, podrán presentar ante la Procuraduría de Protección o sus similares municipales, la solicitud correspondiente.

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La Procuraduría de Protección y sus similares municipales en el ámbito de su competencia, realizará la valoración psicológica, médica, socioeconómica y solicitará todas aquellas que sean necesarias para determinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo dispuesto por las leyes y reglamentos aplicables, precisando que el nivel económico no será un factor que imposibilite el trámite.

Los centros de salud del sector público que formen parte del sistema estatal de salud, quedan obligados a auxiliar a dichas procuradurías con la práctica de las pruebas médicas que establezca el reglamento respectivo.

Además, niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible de acuerdo con su edad, desarrollo cognitivo y grado de madurez, serán escuchados y su opinión será fundamental para la determinación que adopte el órgano jurisdiccional competente y en caso de que se estime pertinente, tomando en cuenta la particularidad del caso.

La Paz, Baja California Sur.- Las comisiones permanentes unidas de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado, presentaron el jueves el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil del estado de Baja California Sur.

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El dictamen concluye que la iniciativa presentada por las diputadas Teresita de Jesús Vázquez y Gabriela Cisneros Ruiz se formula con el objeto de fortalecer y definir el funcionamiento, competencias y coadyuvancia de las procuradurías estatal y municipales de protección de niñas, niños y adolescentes

Ambas comisiones dictaminadoras consideran que, de ser aprobado el dictamen, este proyecto no tendría un impacto presupuestario, ya que lo que plantea es la actualización de las procuradurías de protección municipales en cuanto a sus competencias y coadyuvancia con las demás procuradurías de protección, lo que ya se tiene presupuestado, pero no está actualmente en la Ley.

En entrevista, la diputada Gabriela Cisneros explicó que presentaron una iniciativa de reformas que eran necesarias para darle las facultades que se requieren a las procuradurías del estado y de los municipios.

Abundó que trabajaron conjuntamente con el DIF estatal, a través de mesas de trabajo en las que también se hicieron las valoraciones para darle certeza y validez al tema de la adopción de niñas, niños y adolescentes en Baja California Sur, el debido cuidado que se debe tener al otorgar la adopción, así como las sanciones en su caso, a la hora de no dar cumplimiento en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes.

“Es un paso amplio para el estado que también lo estamos replicando para otros estados y esperamos en la siguiente sesión poderlo votar”, puntualizó.

Precisó que uno de los principales puntos de la iniciativa es darle más facultades a las procuradurías municipales en coadyuvancia con la procuraduría estatal en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, así como en el tema de adopciones.

Entre otros planteamientos de la iniciativa se establece en el artículo 25 de la citada Ley que las personas interesadas en acoger o adoptar niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la tutela del Estado, podrán presentar ante la Procuraduría de Protección o sus similares municipales, la solicitud correspondiente.

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La Procuraduría de Protección y sus similares municipales en el ámbito de su competencia, realizará la valoración psicológica, médica, socioeconómica y solicitará todas aquellas que sean necesarias para determinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo dispuesto por las leyes y reglamentos aplicables, precisando que el nivel económico no será un factor que imposibilite el trámite.

Los centros de salud del sector público que formen parte del sistema estatal de salud, quedan obligados a auxiliar a dichas procuradurías con la práctica de las pruebas médicas que establezca el reglamento respectivo.

Además, niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible de acuerdo con su edad, desarrollo cognitivo y grado de madurez, serán escuchados y su opinión será fundamental para la determinación que adopte el órgano jurisdiccional competente y en caso de que se estime pertinente, tomando en cuenta la particularidad del caso.

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