La Paz, Baja California Sur.- El secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario del gobierno del estado, Luis Andrés Córdova Urrutia, informó que la presidencia de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) dio a conocer que se acordó con el abogado general y el coordinador de Delegaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), promover la modificación a las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia de 2019 para eliminar los estratos y estar en condiciones de ejercer el total de los recursos convenidos, y que este proceso habrá de estar concluido en un plazo de 20 días para su aprobación y posterior publicación.

Con estos cambios, se dejarían sin efecto las restricciones para los productores agropecuarios y pesqueros que tienen ventas de 228 mil pesos al año, mismos que de acuerdo a las reglas de operación vigentes no podrían acceder prácticamente a ningún subsidio de la Secretaría.

Entre las críticas más recurrentes a estas reglas destacan: Que dejaban sin acceso a millones de pequeños productores de los sectores social y privado, cuya producción es fuente primordial de alimento para los mexicanos; que sólo beneficiaba a campesinos de muy baja productividad e incluso de autoconsumo, la mayoría del sur y sureste del país.

Que la implementación de los programas conforme a las reglas aún vigentes era inviable en la realidad, debido a que la mayor parte del universo de destinatarios de muy bajos ingresos no cuenta con los recursos para aportar el recurso que le corresponde; que ponía en riesgo la viabilidad de millones de hectáreas sembradas con granos, como maíz, trigo y arroz, cultivado por pequeños productores o ejidatarios que requieren de un recurso de acompañamiento para completar la adquisición de algún insumo, infraestructura, herramientas, equipos o maquinaria.

Córdova Urrutia señaló que se trata de un logro de todos, no obstante, en los hechos, ninguna organización agrícola, ganadera o pesquera de Baja Californias Sur se sumó a la protesta nacional del pasado 17 de julio, cuando miles de productores de 19 entidades se manifestaron en contra de la política que el gobierno de la Cuarta Transformación pretende aplicar al sector agropecuario, aunque en la reciente visita a La Paz del titular de la SADER ,Víctor Villalobos, representantes de varias organizaciones rurales manifestaron al ministro su rechazo a estas medidas.

La revisión a estas reglas había sido demandada al Secretario Víctor Villalobos durante varios encuentros con los titulares de Desarrollo Agropecuario de los estados.

Trigueros, casi en la quiebra

Entre tanto, los productores de trigo del Valle de Santo Domingo siguen a la espera de que llegue el subsidio prometido por el presidente López Obrador con el cual apenas equilibrarían sus finanzas para no perder dinero, debido a que este año la tonelada de trigo se pagó en un promedio de 4 mil 100 pesos.

El subsidio prometido por el gobierno federal ha llegado a muy pocos y consiste en un apoyo de mil 670 pesos por tonelada, pero solo aplica para 100 toneladas por cada productor.

Fuentes de El Sudcalifornianos señalaron que con este precio los trigueros apenas van a completar para pagar sus gastos y les estaría quedando una utilidad marginal de apenas unos 150 mil pesos a cada uno, un recurso que alcanza a la familia para sobrevivir, pero no para solventar los gastos del siguiente ciclo de siembra.

En el Valle de Santo Domingo se siembran aproximadamente 4 mil hectáreas del este cereal que se van al molino local para la producción de harina, y en promedio recibe unas 22 mil toneladas cada año.

En medio de esta crisis e incertidumbre, sigue creciendo el rentismo; datos extraoficiales señalan que alrededor del 60 por ciento de la superficie de esta zona agrícola está en manos de agro empresas que se dedican a la siembra de papa y espárragos, y los que se han negado a rentar ven en esta opción la única posibilidad de sacar adelante a sus familias.

Y es que las agroempresas rentan cada rancho con 250 millares de agua en 1 millón de pesos al año, una cifra que ningún cultivo tradicional genera; aunque quienes lo rentan, son los agricultores que ya no tienen opción, debido a las deudas con bancos y proveedores.