La Paz, Baja California Sur. - La diputada Arlene Moreno Maciel presentó ante el Congreso de Baja California Sur una iniciativa para reformar el código penal estatal, con el objetivo de tipificar y sancionar con mayor severidad la violencia política y de género.
La propuesta se enmarca en los compromisos asumidos por la entidad en el "Mes de la No Violencia Hacia las Mujeres".
¿Qué artículos se reforman?
La iniciativa destaca la adición de los artículos 390 y 390 bis al código penal, definiendo la violencia política de género como "toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, que cause daño físico, psicológico, económico o sexual con el propósito de limitar o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres".
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Entre los actores señalados como posibles perpetradores se incluyen funcionarios públicos, dirigentes partidistas, medios de comunicación y particulares.
De aprobarse, esta conducta sería sancionada con penas de prisión de dos a seis años y multas económicas.
En caso de que las agresiones sean múltiples o agraven la condición de las víctimas, la pena podría extenderse hasta ocho años de cárcel.
Lesiones agravadas por género
Además de la violencia política, la propuesta aborda las lesiones cometidas en razón de género. El artículo 390 ter prevé penas de hasta 14 años de prisión si las agresiones son consideradas infamantes, degradantes o incluyen mutilaciones.
Estas penas aumentan hasta 18 años cuando las agresiones ocurren en contextos de confianza o subordinación, como relaciones sentimentales, laborales o familiares.
Las agravantes previstas en el artículo 390 quáter estipulan que las penas aumentarán dos tercios si las lesiones son causadas mediante ácidos, sustancias corrosivas o procedimientos como mutilaciones genitales o mamarias. Con esta agravante, las sanciones podrían alcanzar hasta 30 años de prisión.
"Un marco jurídico armonizado y penas proporcionales"
En su exposición de motivos, Moreno Maciel enfatizó la obligación de armonizar las disposiciones locales con los marcos normativos federales y tratados internacionales, como la Convención de Belem do Pará.
Además, defendió la dureza de las sanciones: "Estas penas pueden parecer fuertes, pero la violencia política de género también lo es. No basta con condenarla; necesitamos medidas contundentes para proteger a las mujeres".
La diputada también hizo un llamado a sus colegas legisladores a priorizar la aprobación de esta reforma.
"La violencia política de género no solo vulnera a las mujeres, sino que erosiona nuestra democracia", concluyó.
La iniciativa fue turnada a la comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, que preside el diputado Eduardo Van Wormer Castro. Luego de ser analizada y dictaminada, podría ser votada en próximas sesiones.
Antecedentes: elección en La Paz de 2024
Durante las elecciones pasadas en Baja California Sur, Milena Quiroga Romero, candidata de la coalición Morena-PT a un segundo periodo al frente de la alcaldía de La Paz, denunció a su oponente, Rigoberto Mares Aguilar del Partido Acción Nacional (PAN), por violencia política de género.
El Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur (TEEBCS) resolvió a favor de Quiroga en una de las dos denuncias presentadas.
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En consecuencia, Mares Aguilar fue declarado culpable de violencia política en razón de género y se le ordenó ofrecer una disculpa pública.
Además, se determinó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE) por un periodo de dos años.
Mares impugnó la decisión ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El 4 de julio de 2024, la Sala Regional revocó la sentencia, concluyendo que las expresiones de Mares no constituían violencia política de género, sino que fueron realizadas en el contexto de un debate político. Esta resolución anuló las sanciones impuestas.