/ jueves 24 de marzo de 2022

Proponen reducir monto de licitaciones públicas por adjudicación directa

Se subsana un vacío legal en los procesos de adquisiciones, arrendamientos o contrataciones por parte de entidades públicas que pueda ser utilizado a conveniencia por algún ente público: Diputado Enrique Ríos Cruz

Se subsana un vacío legal en los procesos de adquisiciones, arrendamientos o contrataciones por parte de entidades públicas que pueda ser utilizado a conveniencia por algún ente público: Diputado Enrique Ríos Cruz

Para subsanar un vacío legal en los procesos de adquisiciones, arrendamientos o contrataciones por parte de entidades públicas, el diputado Enrique Ríos Cruz propuso reducir el monto para efectuar licitaciones públicas por adjudicación directa.

El legislador, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos expuso que este vacío legal puede ser utilizado a conveniencia por algún ente público al momento de adquirir, arrendar o contratar servicios, así como que dificulta la fiscalización del gasto público que lleva a cabo la Auditoría Superior del Estado.

Se trata de una reforma al artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, que dará reglas jurídicas claras en materia de fiscalización y transparencia.

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La modificación consta específicamente en ampliar el monto minino para efectuar licitaciones públicas por adjudicación directa, de 4 mil 700 veces a 12 mil 821 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a 2 mil 350 veces a 12 mil 821 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

La nueva redacción que se propone quedaría de la siguiente manera “Podrá contratarse por invitación a cuando menos a tres personas, cuando el monto sea superior al equivalente a la cantidad de 2350 y un veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización hasta el equivalente, a 12 mil 821 veces el valor diario de la Unidad de Medida yActualización, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos para su análisis y dictaminación.

Se subsana un vacío legal en los procesos de adquisiciones, arrendamientos o contrataciones por parte de entidades públicas que pueda ser utilizado a conveniencia por algún ente público: Diputado Enrique Ríos Cruz

Para subsanar un vacío legal en los procesos de adquisiciones, arrendamientos o contrataciones por parte de entidades públicas, el diputado Enrique Ríos Cruz propuso reducir el monto para efectuar licitaciones públicas por adjudicación directa.

El legislador, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos expuso que este vacío legal puede ser utilizado a conveniencia por algún ente público al momento de adquirir, arrendar o contratar servicios, así como que dificulta la fiscalización del gasto público que lleva a cabo la Auditoría Superior del Estado.

Se trata de una reforma al artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, que dará reglas jurídicas claras en materia de fiscalización y transparencia.

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La modificación consta específicamente en ampliar el monto minino para efectuar licitaciones públicas por adjudicación directa, de 4 mil 700 veces a 12 mil 821 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a 2 mil 350 veces a 12 mil 821 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

La nueva redacción que se propone quedaría de la siguiente manera “Podrá contratarse por invitación a cuando menos a tres personas, cuando el monto sea superior al equivalente a la cantidad de 2350 y un veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización hasta el equivalente, a 12 mil 821 veces el valor diario de la Unidad de Medida yActualización, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos para su análisis y dictaminación.

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