La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- El diputado por el Partido del Trabajo Christian Agúndez Gómez, presentó ante el pleno del Congreso una Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que realice en conjunto con el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Ayuntamiento de Los Cabos, un estudio de la factibilidad para la regularización de las tierras que se encuentran actualmente habitadas y cuyos habitantes no cuentan con seguridad jurídica de sus posesiones.
O que habitan en zonas de desastre previamente declaradas, zonas de riesgo o zonas de riesgo grave, así como se puedan adquirir reservas territoriales que garanticen un desarrollo urbano ordenado en el Municipio de Los Cabos, y en el resto del estado.
Destacó los casos los fraccionamientos Puerto Nuevo y Chula Vista, El Caribe y Real Unidad, Mesa de Santa Anita y Ejidal La Ballena en San José del Cabo y Vado de Santa Rosa.
En su exposición de motivos Agúndez Gómez señaló que existen zonas las cuales hasta el momento se encuentran con una gran problemática en cuanto a la regularización de la tenencia de la tierra, y consideró que los gobiernos que crear las condiciones para las estas familias que ahí habitan puedan asegurar su patrimonio.
Algunas familias se han visto en la necesidad de ocupar un lugar de alto riesgo en donde cada año el Municipio se ve afectado con fenómenos meteorológicos, ante la falta de reservas territoriales y la gran demanda de espacios, provocando con esto un rezago en los servicios públicos y en la calidad de vida.
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Citó que en San José del Cabo existen 4,314 habitantes y 1,187 viviendas en zonas de alto riesgo y en Cabo San Lucas existen 12,663 habitantes y 4,091 viviendas en zonas de alto riesgo.
Con menor detalle, el diputado señaló que en la Ciudad de La Paz al igual que en el Municipio de Los Cabos, los asentamientos irregulares se han dado por una expansión urbana descontrolada.
En este contexto Christian Agúndez Gómez señaló que es necesario hacer un llamado tanto al Gobierno Federal, como a los Gobiernos Estatal y Municipal para que de forma conjunta sea revisada la situación de los límites territoriales de los cinco Municipios del Estado, y se analice la posibilidad de adquirir por la vía jurídica más idónea que sea considerada, aplicando la Ley de Expropiación y Limitación de Dominio para el Estado de Baja California Sur.
Lo anterior, a fin de que por causa de utilidad pública y mediante la indemnización correspondiente, se adquieran predios que ya se encuentren ocupados por asentamientos humanos con independencia de las causas que motivaron su ocupación, así mismo, aún y cuando el derecho de propiedad este sujeto a decisión judicial.