La Paz, Baja California Sur.- Consejeros confiscaron los sellos de la oficina alterna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, en la Escuela de Música del Estado.
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Tres integrantes del Consejo Consultivo se presentaron en el salón de música donde la presidenta, Charlene Ramos Hernández ha operado durante el paro laboral este viernes 16 de febrero.
Entregaron una solicitud de información a Alberto Torres Alfaro, titular del Órgano Interno de Control de la CEDH. Sin embargo, la presidenta y el titular del órgano no se encontraban.
Durante la entrega del documento, los consejeros acusaron tener a la vista "sellos apócrifos" en posesión de una trabajadora de la Comisión. Ante esta situación, decidieron decomisarlos.
Posteriormente, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por "falsificación de sellos, contraseñas o similares", para la apertura de la carpeta de investigación LPZ/1157/2024/NUC.
El consejero Miguel Alejandro Maldonado Verdugo, explicó la situación frente a las cámaras de El Sudcaliforniano, declarando que estos sellos fueron descubiertos en el bolso personal de una trabajadora durante la ausencia de la presidenta, mientras recibía el oficio.
El sello, que ostentaba el logo y la leyenda de la “Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur”, era nuevo y no presentaba marcas de uso.
“El 8 de enero se cerró la comisión a las 6 de la mañana y todos los documentos, sellos oficiales debieron y están dentro de la comisión y en esta sede alterna que no se designó hasta alrededor del 12, 13 de enero, cuentan con un sello que es visiblemente nuevo”, explicó el consejero.
María Elena Fong Amador, consejera de la Comisión, expresó su preocupación ante la falta de conocimiento sobre el paradero de la presidenta y el titular del órgano interno de control, así como la ausencia de horarios establecidos para su regreso a la sede alterna.
Acusó que esto genera incertidumbre sobre el funcionamiento adecuado de la CEDH y la atención a las denuncias presentadas por los trabajadores en paro.
Enrique Arturo Mayorquín, también consejero de Derechos Humanos, enfatizó que la situación va más allá de un problema laboral, señalando las faltas administrativas y el uso irregular de recursos de la CEDH.
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Consideró que el descubrimiento del presunto “sello apócrifo” aumenta la desconfianza sobre la veracidad de los procesos dentro de la institución.
Exigieron dar seguimiento a las solicitudes de información y se investigue a fondo cualquier irregularidad detectada. Se mostraron dispuestos a aportar elementos para esclarecer los hechos y garantizar el adecuado funcionamiento de la CEDH.
