La Paz, Baja California Sur.- Ratifican la solicitud de procedencia de juicio político contra Charlene Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur.
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Esto confirmó el oficial mayor del Congreso del Estado, Adrián Chávez, para El Sudcaliforniano, y con ello, los firmantes cumplieron con la ratificación de la denuncia en el periodo de tres días que marca la ley.
La solicitud fue presentada el pasado martes 9 de enero a las 14:40 horas y proviene de varias personas, como trabajadores en activo y extrabajadores de la CEDH.
Será turnada a la Mesa Permanente del Congreso, que preside la diputada María Guadalupe Higuera Moreno y posteriormente, a la de Puntos Constitucionales y de Justicia, para continuar su proceso que podría derivar en la destitución e inhabilitación para futuros cargos.
Por otra parte, manifestantes y consejeros de la CEDH tuvieron una reunión con el secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, quien además declaró en medios de comunicación haber tenido una reunión con ambas partes para mediar en el conflicto.
Dio a conocer el funcionario estatal que “el camino que les queda” es el Congreso de Baja California Sur, tras conocer el desarrollo del conflicto y haber escuchado a ambas partes involucradas. Los trabajadores señalan que la única salida es la destitución.
JUICIO POLÍTICO ES INDEPENDIENTE A DENUNCIAS LABORALES: CONSEJERO
Miguel Alejandro Maldonado Verdugo, consejero de la CEDH de Baja California Sur, informó avances en el conflicto laboral y aclaró que la solicitud de juicio político es independiente a las denuncias por abusos hacia los trabajadores, que cumplen cuatro días en paro.
Aunque reconoció que los trabajadores en paro presentaron la solicitud de juicio político, dijo que ésta todavía debe ser analizada por los diputados del Congreso, quienes deberán evaluarla y determinar su procedencia.
Recalcó la urgencia de que sesione el Consejo Consultivo de la CEDH en Baja California Sur, para revisar las inconformidades de los trabajadores y buscar una solución conjunta; sin embargo, dijo no hay respuesta de la presidenta. Trabajadores en el lugar del paro señalaron ante los micrófonos que la única salida es la destitución de Charlene Ramos.
REUNIÓN CON SAÚL GONZÁLEZ SECRETARIO DE GOBIERNO
El consejero Alejandro Maldonado explicó que trabajadores paristas y consejeros de la CEDH se reunieron con el secretario general de Gobierno, Saúl González, en busca de establecer un canal de diálogo.
Aunque la CEDH es autónoma, expuso que acudieron al llamado por ser la persona facultada para abordar la gobernabilidad del estado y la afectación a la ciudadanía.
Expresó su compromiso con la pronta resolución del conflicto y aseguró que la institución continuará brindando servicios a la ciudadanía, incluso fuera de las instalaciones, mientras se busca una solución.
DIPUTADOS EVALUARÁN PROBLEMA ESTE LUNES
Informó que los diputados locales están citando a una reunión el próximo lunes, 15 de enero, para abordar el tema y buscar una solución conjunta.
Maldonado hizo un llamado al diálogo y a la pronta solución del conflicto, asegurando que todos los involucrados deben estar dispuestos a encontrar una resolución inmediata.
La solicitud de juicio político deberá ser turnada a la comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, que preside el diputado José María Avilés Castro, conforme a la legislación vigente en el estado.
¿QUÉ SIGUE?
La Comisión de Puntos Constitucionales tendrá 15 días hábiles para evaluar la denuncia. Si consideran que el juicio político procede, se formará una Comisión Instructora de Juicio Político, que realizará un procedimiento de análisis de pruebas y alegatos.
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El oficial mayor del Congreso, Adrián Chávez, mencionó que la presidenta María Guadalupe Moreno Higuera tiene la opción de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para llevar a cabo este proceso, en caso de ser necesario.
Explicó que el juicio político tiene como finalidad destituir a un servidor público y, en su caso, inhabilitarlo para ocupar otro cargo.
Si las faltas están relacionadas con asuntos penales, se dará vista al Ministerio Público para las acciones consecuentes. El proceso implica un riguroso análisis y evaluación por parte del Congreso de Baja California Sur.
Charlene Ramos Hernández actualmente enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades financieras y abusos laborales, que ha declarado en múltiples ocasiones son “calumnias”.
