La Paz, Baja California Sur.- La diputada Gabriela Cisneros informó que se solicitó la verificación de los procedimientos de la licitación de la obra “El Piojillo”.
Este llamado a la transparencia surge en medio de un conflicto que involucra a la empresa ZOHMEX S.A de C.V, la cual ha enfrentado dificultades financieras que han impactado directamente a sus empleados.
Lee: Continúan las manifestaciones de trabajadores del parque El Piojillo
El conflicto adquiere una dimensión más compleja al considerar que la licitación inicialmente requería que la empresa adjudicataria contará con recursos suficientes para hacer frente a posibles retrasos en los pagos. La actual situación plantea interrogantes sobre la eficacia de tales requisitos y subraya la necesidad imperante de una revisión detallada de los procesos licitatorios.
La diputada Gabriela Cisneros, en entrevista para El Sudcaliforniano, hizo hincapié en la importancia de abogar por la correcta ejecución de los trabajos, la transparencia en los procesos y la erradicación de la corrupción en obras públicas.
No obstante, ante las crecientes dudas sobre la estabilidad financiera de ZOHMEX y posibles irregularidades, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) emitió un comunicado aclaratorio.
Suscríbete aquí a la edición digital de El Sudcaliforniano
A pesar de las preocupaciones y la falta de pago a otras empresas involucradas, la Sedatu anunció que no se llevará a cabo la rescisión del contrato con ZOHMEX. Esta declaración generó inquietudes adicionales, especialmente al considerar que la obra carece de un estudio de impacto ambiental, añadiendo una capa más de ambigüedad a la situación.
La Sedatu admitió abiertamente la ausencia del mencionado estudio, intensificando así las inquietudes acerca de la planificación y ejecución del proyecto. Esta revelación refuerza las dudas existentes sobre la transparencia y legalidad en los procesos vinculados con ZOHMEX.
Adicionalmente, se destacó que Narcizo Agundes Gómez, titular de la Administración Portuaria Integral (API), está vinculado a la empresa en cuestión, generando así conflictos de interés potenciales. Esta conexión entre un funcionario clave y la empresa contratista plantea cuestionamientos sobre la imparcialidad en la toma de decisiones y la gestión de recursos públicos en el contexto de la mencionada obra.