La Paz, Baja California Sur.- Rebeca Barrera Amador es la nueva magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa en Baja California Sur.
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El Congreso del Estado eligió este martes a la expresidenta del Instituto Estatal Electoral para ocupar la vacante del Tribunal de Justicia Administrativa, de entre una terna presentada por el ejecutivo estatal.
Cada uno de los aspirantes compareció ante el pleno de las y los diputados que eligieron por mayoría (15 votos a favor de 21 posibles) a la nueva magistrada en medio de una sesión en la que proliferaron las interrupciones por parte grupos opositores a otros asuntos, como las reformas para que los niños trans puedan cambiar de nombre en sus actas de nacimiento, así como a la iniciativa de ley de ecología y equilibrio ecológico.
Rebeca Barrera, en su intervención, dijo que “es momento de terminar con la impunidad y la corrupción. Es por ello que se necesita contar con órganos jurisdiccionales e instituciones encargadas de la aplicación de la ley independientes, transparentes y dotados de recursos suficientes”.
Expresó que resulta clave evitar que el abuso de poder, el soborno y otras formas de corrupción influyan en los sistemas de justicia para asegurar que estos sean eficaces.
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Actualmente, expresó, “contamos con una renovada base legal anticorrupción cuya aplicación cobra mayor fuerza en su consolidación y ello se está logrando con el apoyo de la alta especialidad de las investigadoras en diversas materias y una robusta plataforma digital a nivel nacional, estatal y municipal que integra y conecta los diversos sistemas electrónicos que poseen e información relevante”.
Manifestó que para muchos el escenario podría resultar desalentador, sin embargo, investigaciones globales revelan que “la corrupción puede abatirse con nuestra fuerza de la ética individual y colectiva que resalte los mejores valores de nosotros mismos”.
El Tribunal de Justicia Administrativa está dotado de plena autonomía para dictar sus resoluciones y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones, teniendo por objeto dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, paraestatal, organismos centralizados y descentralizados, ayuntamientos y los particulares; así como imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados en el estado de Baja California Sur.