La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- El proyecto de reforma recién aprobado por el Senado de la República y que pasó a la Cámara de Diputados con el que se pretende reducir de 20 a 10 metros la zona federal marítimo terrestre a fin garantizar el libre acceso a las playas generó las primeras reacciones a nivel local.
Para el ex-delegado de la SEMARNAT y experto en temas de zona federal marítimo terrestre Jorge Iván Cázares Puig, la medida podría traer efectos negativos tanto en materia ambiental como para los sectores productivos.
De entrada, quienes la promovieron están partiendo de un error al considerar que todos los litorales del país son playas, cuando en los hechos una gran parte de las costas son arrecifes, humedales, manglares o marismas; en algunas zonas anidamientos de tortugas u otras especies, en donde debe regularse el acceso para proteger la biodiversidad, ypodría ser contraproducente porque tampoco se prohíbe el ingreso de los automotores.
En cuanto a los posibles efectos en materia económica, citó el caso de quienes realizan actividades de acuacultura o cooperativas pesqueras que necesariamente deben de contar con concesiones para varar sus pangas o para hacer funcionar sus laboratorios, y a quienes con medida se les va a reducir en 10 metros su concesión; citó como ejemplo a los pescadores de la Zona Pacífico Norte en donde para proteger sus recursos mantienen desde hace años concesionadas grandes superficies de zona federal, no necesariamente playas.
Los municipios también resultarían afectados; el ayuntamiento de La Paz recibe cada año un promedio de 30 millones de pesos por el pago de los derechos de concesión de la zona federal marítimo terrestre y Los Cabos más de 160.
Sobre este mismo tema, el dirigente de la Federación de Cooperativas Zona Centro y Presidente del Consejo de Vigilancia de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (CONMECOOP) José Flores, pidió a los diputados federales detener esta iniciativa y no someterla a votación antes de escuchar las opiniones de los pescadores, debido a que las consecuencias que esta iniciativa podrían afectar la viabilidad de la actividad pesquera.
Puso como ejemplo el caso del varadero en el Manglito en donde prácticamente la totalidad de la zona federal se ocupa para el arribo y el resguardo de las lanchas, y sin ser playa, también estaría siendo afectada por esta iniciativa, obligando a los pescadores a dejar libre 10 metros de la zona federal colindante con el mar.
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Ojalá que antes de votarla nuestros diputados escuchen la voz de los pescadores, porque aunque compartimos con ellos el interés por garantizar el libre acceso a las playas, en los hechos traería consecuencias adversas, dijo para concluir José Flores.
