La Paz, Baja California Sur. – Guadalupe Saldaña Cisneros, diputada local del PAN, se solidarizó con ciudadanos que luchan por recuperar las áreas de donación que, en varios municipios como Los Cabos y La Paz, han sido privatizadas de manera ilegal.
Saldaña subrayó la urgencia de revertir estas acciones, refiriéndose al caso del juicio 48/2018 en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que busca anular actas de cabildo emitidas en Los Cabos durante la administración de Luis Armando Díaz, donde se entregaron las áreas de donación del fraccionamiento Colinas Plus a terceros.
"No hay mecanismos claros para que estas áreas lleguen a manos del ayuntamiento y la gente las disfrute como espacios verdes", señaló la diputada local.
Lee: Privatizan áreas verdes en Los Cabos
La legisladora destacó la necesidad de mayor vigilancia y sanciones contra los cabildos que quitan estos espacios a las colonias, lo que impacta directamente en la calidad de vida de las comunidades. "Mientras haya impunidad, esto va a seguir sucediendo", advirtió.
Recordó su experiencia como regidora en 2002, durante la fundación de la colonia Las Palmas en Los Cabos, un caso exitoso donde se defendieron espacios para escuelas y parques, y llamó a los regidores actuales a “comprometerse con la protección de las áreas de equipamiento”.
Al final de su intervención, Saldaña Cisneros alertó sobre la problemática social que deriva de la falta de estos espacios, especialmente en colonias donde "los jóvenes no tienen dónde jugar ni estudiar", una situación que, a su juicio, fomenta problemas como las adicciones.
¿Qué dice el artículo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano?
De acuerdo al artículo 74, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano vigente en Baja California Sur, los fraccionamientos tienen la obligación de donar el 10% del área vendible al ayuntamiento que corresponda, para equipamiento urbano o áreas verdes.
Suscríbete aquí a la edición digital de El Sudcaliforniano
No obstante, la falta de mecanismos claros para la entrega y escrituración de estos predios a nombre de las administraciones municipales, ocasiona un vacío legal que ocasiona que se encuentren invadidos o entregados a particulares, sin beneficio a la comunidad en general.
