La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- Luego de que Cindy Cárdenas Avilés, quien se habría desempeñado como jefa de Departamento de Vinculación Institucional de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en Baja California Sur, quien el pasado 10 de febrero fue despedida por denunciar ser víctima de acoso y hostigamiento sexual por parte del delegado de dicha dependencia local, Roberto “N”, a unos días de iniciar la investigación contra el exfuncionario, la joven fue reinstalada a su puesto de trabajo.
El presunto agresor presentó su renuncia al cargo público el 17 de febrero con el objetivo de tratar los asuntos legales que se le imputan, sin embargo, a Cindy no se le dio aviso si sería reinstalada a su cargo ya que, cuando fue despedida no se le dieron motivos para que abandonara las oficinas.
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La joven trabajadora fue amenazada en más de una ocasión con retirarla del cargo si continuaba exponiendo su caso, esto no fue motivo para que se quedara callada y continuó alzando la voz del acoso sexual y laboral al estaba siendo expuesta.
Primero le fue retirada la computadora de su escritorio y se dio una instrucción directa para no dejarla entrar a la dependencia, también fue excluida del grupo de WhatsApp donde se tratan temas laborales. Un día sin previo aviso, fue despedida.
Después de esperar más de 10 días sin conocer que era lo que ocurriría con su empleo y sin recibir su salario, fue el 21 de febrero cuando Cindy Cárdenas fue notificada por Dolores Díaz, desde las oficinas centrales de la Segob vía telefónica que se pedía la reincorporación completa a su área de trabajo.
Cindy destacó que afortunadamente tuvo una respuesta oportuna por parte de autoridades, por lo que estará al pendiente con el personal de recursos humanos para saber las acciones y el papeleo que se necesita para reintegrarse a la institución.
Es importante destacar que hasta el momento hay cuatro mujeres que han alzado la voz para exponer que han sido violentadas sexual y laboralmente por el exfuncionario federal, dos denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) una ya fue admitida y es la Fiscalía Especializada para los delitos de violencia contra la mujer y trata de personas quien da seguimiento al caso.
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Existe una denuncia más ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE), mientras una de las cuatro mujeres no ha emitido denuncia formal por miedo a represalias.