La Paz, Baja California Sur (OEM - Informex).- El dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Norberto Olachea Romero, reiteró el respaldo de esa organización agrarista a la lucha que ejidatarios han emprendido desde el año 2014 en contra de las pretensiones de grupos ambientalistas, para que el gobierno federal decrete una gigantesca Area Natural Protegida de 1.6 millones de hectáreas en las Sierras La Giganta y Guadalupe, en tierras que son casi en su totalidad propiedad de 20 núcleos ejidales.
Olachea Romero recordó que desde el año 2014 en que se inició este movimiento, la CNC logró el apoyo de más de 50 ejidos de todo el estado, quienes en una carta dirigida al entonces presidente Enrique Peña Nieto, manifestaron su rechazo a este proyecto, en un movimiento en defensa de la tierra denominado Pacto de Cadejé, al que se ha sumado en fecha reciente el diputado federal Alfredo Porras Domínguez.
Entre tanto, este viernes 26 de agosto un grupo de ejidatarios se manifestaron con pancartas en contra de este proyecto de Area Natural Protegida en un evento que tuvo lugar en Santo Domingo, municipio de Comondú que fue presidido por el gobernador Víctor Castro Cosío, y al que el dirigente de la Central Campesina Independiente Juan Manuel García Amarillas se había comprometido con comisariados, a entregarle al mandatario una carta con firmas de líderes ejidales en contra de este proyecto, documento que finalmente no llevó porque “se le olvidó”, según informó a algunos ejidatarios asistentes a la reunión, cuya identidad se resguarda a petición expresa, y quienes luego de este “olvido”, lo calificaron de traidor.
Como se informó en este mismo espacio, el proyecto de esta ANP inició desde antes del 2014, año en que la SEMARNAT publicó el Estudio Previo Justificativo, (EPJ) mismo que fue ampliamente cuestionado por la falsedad de datos contenidos, además de que en la página 204 señala que las Sierras La Giganta y Guadalupe “son y seguirán siendo territorio de trabajo” de la ONG Niparajá, promotora de esta ANP.
El propio subsecretario de la SEMARNAT del actual gobierno de la 4T Iván Rico, señaló en entrevista con El Sudcaliforniano, en octubre del 2021, que el mencionado estudio estuvo “muy manoseado”.
Una de las falsedades contenidas en el EPJ, tiene que ver con los nombres de las instituciones participantes en el citado estudio; según el documento, participaron –entre otros- la UABCS, el CIBNOR y el INAH, versión que fue desmentida por los representantes de estas instituciones, incluso la CONANP y la SEMARNAT también negaron haber destinado recursos y personal para la elaboración del citado estudio.
En la actualidad, aproximadamente el 42 por ciento del territorio de Baja California Sur es Area Natural Protegida y de concretarse esta proyecto en sierras La Giganta y Guadalupe, la superficie con este status seria del aproximadamente el 70%, tierras a la que su condición de ANP les impone una serie de restricciones, salvo la minería.
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Entre las voces a favor de esta ANP, destaca la del diputado de la 4t José María Avilés, quien vio la ventaja de que con esta declaratoria, los ejidatarios hicieran ranchos sustentables como Las Cacachilas de Cristina Walton, ubicado al sur del municipio de La Paz.
