La Paz, Baja California Sur.- La diputada federal Ana Ruth García Grande informó que asesores parlamentarios están llevando a cabo “un análisis de fondo” para determinar si en la Ley de Extinción de Dominio recién aprobada por las Cámaras de Diputados y la de Senadores se incluye o no a la pesca furtiva de especies comerciales, o sólo aplica para el caso de lo contenido en la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNART.

Entre tanto, la polémica por este asunto escaló a nivel regional, a través de las redes sociales el líder pesquero del Alto Golfo, Sunshine Rodríguez, manifestó su rechazo a esta ley y la calificó como en exceso desproporcionada, ya que pone a los pescadores, que por necesidad se ven obligados a pescar especies en veda para mantener a sus familias, al mismo nivel que los narcotraficantes o el crimen organizado.

Aceptó que hay que respetar las vedas, pero consideró excesiva esta ley, al tiempo que alertó sobre los riesgos que implica la liberación de totoabas en litorales de Loreto y Mulegé, porque el día en que un ejemplar de esta especie caiga en la red de algún pescador, va a ir a la cárcel, debido a que se trata de un pez en peligro de extinción, cuya captura se castiga con cárcel.

En contraparte, un dirigente cooperativista de la Zona Pacífico Norte, cuya identidad pidió ser resguardada, demandó a los diputados que en esta ley de extinción de dominio se incluya los pescadores furtivos de langosta y abulón, porque se trata de un problema grave que pone en riesgo la viabilidad de más de 7 comunidades ribereñas, cuya economía gira alrededor de estas pesquerías, entre tanto se define si se le incluye o no, demandó a la autoridad federal envíe a esa región a la Guardia Nacional, una vez que las afectaciones van en aumento, y no hay vigilancia ni inspectores suficientes.

Por otra parte, el dirigente cooperativista de La Ribera ,Mario Leal, hizo un llamado al coordinador de programas federales ,Víctor Castro Cosío, para que acuda a las comunidades ribereñas y explique cuál va a ser la política pesquera de este gobierno, luego de que el edil de Comondú ,Walter Valenzuela, anunció que entregaría “distintivos” a los pescadores sin permisos, a fin de que pudieran trabajar sin que la autoridad federal en la materia los molestara; o como el caso de la diputada local Soledad Saldaña que sin tener atribuciones, les dijo a los pescadores de San Carlos que entraran al mar a trabajar la almeja catarina, aun y cuando éstos no contarán con permisos.

Denunció que en la zona de La Ribera se está presentando un descontrol debido a la presencia de pescadores, que además de no contar con permisos, están usando artes prohibidos, causando un severo impacto en todas las especies.

Entre tanto, circulan en redes sociales gráficas del basurero de San Carlos, en donde fueron tiradas más de 2 toneladas de callo de almeja embolsada, presumiblemente, echadas a perder por causa de malos manejos en el proceso de sacrificio y posterior refrigerado.

Según fuentes de este medio, los pescadores que entraron a trabajar sin permisos, tampoco contaban con la experiencia en el manejo de este producto, tanto, que algunos hasta usaban agua dulce para lavar el callo, cuando en todo caso se debe de utilizar agua salada, además de mantener la cadena de frío desde el desconche hasta su entrega al acopiador o para su venta al público.