La Paz, Baja California Sur.-El diputado Rigoberto Mares expresó su preocupación ante la falta de continuidad en la reforma constitucional para la revocación de mandato, ya que se teme que sea enviada a la "congeladora" para evitar su aplicación al gobernador Víctor Castro Cosío.
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Expuso que el tema debió resolverse en el periodo ordinario que concluyó en diciembre, sin embargo, la omisión de esta votación enciende las alertas sobre la posibilidad de que fracciones como la del Partido del Trabajo (PT) y Morena “den largas” a la aprobación, por lo que señaló que de ser así, sería interpretado como una simulación.
“Estamos en tiempo, y yo creo que sí, verdaderamente hay un compromiso de darle poder al pueblo, este derecho. Entonces, esta es la oportunidad que tiene el Congreso del Estado de poder hacerlo. De no hacerlo, de no darse, de no aprobarse esta legislación secundaria en materia de revocación del mandato, estará claro que habrá sido solamente simulación."
Explicó que aunque la iniciativa presentada por el diputado Armando Martínez Vega ya fue incorporada a la Constitución estatal, aún se requiere la aprobación de leyes secundarias que establezcan los mecanismos para su implementación.
“No basta solamente con haberlo aprobado en la constitución y decir que estamos de acuerdo con ese instrumento ciudadano. Falta darle la legislación que permita que efectivamente pueda entrar en vigor.”
El diputado por MORENA, José María Avilés, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en Baja California Sur, aseguró que existe voluntad política para aprobar la iniciativa de revocación de mandato en el estado.
"Hay voluntad política. Quien le tocó revisar esta iniciativa y hacer el dictamen correspondiente fue la Comisión de Puntos Constitucionales, que un servidor preside, acompañado por el diputado de Morena y la diputada independiente Paz Ochoa. Hicimos un dictamen procedente, así que si hubiéramos querido bloquearla, lo hubiéramos hecho desde antes."
Al ser cuestionado sobre la fecha de aprobación de la ley reglamentaria pendiente, mencionó que será la fracción parlamentaria del PAN la que determinará el tiempo para llevar a cabo el proceso legislativo necesario.
SOBRE LA REVOCACIÓN DE MANDATO
El diputado Armando Martínez Vega explicó que el proceso para la revocación de mandato comenzó el 26 de octubre con la armonización del mandato constitucional, que modificó la Constitución del Estado para otorgar el derecho a la revocación del mandato a los ciudadanos de Baja California Sur.
Esta modificación fue aprobada el mismo día. Posteriormente, el 30 de noviembre, se publicaron los reglamentos y modificaciones en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
En el siguiente paso del proceso, la Comisión presentó una iniciativa que contiene todos los elementos necesarios, la cual fue presentada ante el Congreso. Se espera que la Comisión revise y apruebe estos elementos en una sesión, dejando listo el tema para que una vez aprobado, el Instituto Estatal Electoral tenga los elementos necesarios para emitir la convocatoria y los requisitos para los ciudadanos.
Es importante que la aprobación de la legislación secundaria se realice en esta legislatura, ya que si se inicia en la próxima o no se aprueba antes de marzo, existe el riesgo de que la revocación de mandato no se aplique al actual gobernador. Esto se debe a la interpretación legal que podría argumentar que la ley no es retroactiva y solo se aplicaría al siguiente gobernador en turno.
De esta manera, cuando el gobernador cumpla tres años en su mandato constitucional, los ciudadanos tendrán 90 días para acudir al Instituto y presentar las firmas. Se requiere aproximadamente el 10% del padrón, alrededor de 60,000 firmas. Si se logran recolectar en ese plazo, el Instituto tendrá 30 días para revisar y analizar su validez y convocar a la revocación de mandato.
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Para que la revocación sea válida, es necesario que vote el 40% del padrón total del Estado, aproximadamente 240,000 personas. Además, debe ser vinculatoria, por lo que el 50% más uno, es decir, 120,000 votos a favor, son necesarios. Si se alcanza esta cifra , el Instituto hará una declaración declaratoria de validez y la enviará al Congreso.
Finalmente el Congreso tomará las decisiones necesarias, como nombrar un gobernador interino por un período determinado y luego convocar a elecciones. El proceso requerirá al menos 14 votos de los 21 en el Congreso para proceder, siendo una mayoría simple pero calificada.