La Paz, Baja California Sur.- En relación a la controversia surgida por la orden que emitió un juez federal respecto a que los integrantes de la XV Legislatura deberían aprobar la iniciativa de ley de movilidad en un plazo no mayor de tres días, la diputada y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, del Congreso del Estado Milena Quiroga Romero, aseguró que cumplirán con los debidos requerimientos que han sido formulados por la autoridad judicial.
Cabe recordar, que fue Juan Manuel Higuera Olachea quien interpuso dicho amparo en contra de autoridades del Gobierno del Estado y Ayuntamientos, en el que solicitaba el acceso a una movilidad incluyente, en ese sentido la legisladora explicó que los instrumentos jurídicos para hacer efectivo el derecho de la persona con discapacidad ya se encontraban en posibilidad de ser ejercidos por la autoridad estatal desde 2014, mucho antes de que la iniciativa de movilidad fuera presentada por el ejecutivo estatal.
Además dijo que de manera legal, solicitaron una prórroga el pasado mes de noviembre con la finalidad de garantizar un debido proceso de análisis e incorporación de propuestas en la materia, mismo que está por concluir en breve.
“Consideramos que el Congreso del Estado no ha sido omiso en proveer en el orden jurídico, las obligaciones de las autoridades estatales, sino más bien las autoridades estatales han sido omisas en el cumplimiento de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad” vigente desde el 2014, refirió, Quiroga Romero, orden jurídico que garantiza los derechos de movilidad a las personas con discapacidad tanto en el transporte como en las vías públicas.
La iniciativa de ley de movilidad fue presentadael pasado 5 de octubre por parte del ejecutivo estatal.
Finalmente, la también presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, dijo que no está de acuerdo con la falta de dictaminación de una iniciativa del Ejecutivo del Estado, derive obligaciones de casi todas las autoridades, respecto a la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, particularmente de las personas con discapacidad.