La Paz, B.C.S. (OEM-Informex).- Nohemí Urias, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Baja California Sur, denunció el ambiente de acoso laboral que de manera continua y reiterada ejerce el recién nombrado presidente de ese órgano jurisdiccional Jorge Dionisio Guzmán González, lo que ha vuelto insostenible la situación en ese centro de trabajo.
Recalcó que se trata de una práctica que el funcionario ha implementado desde hace varios años, generando un ambiente que no es sano para nadie; citó que desde noviembre del 2018 se interpuso una denuncia en contra del magistrado ante la Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo, a la fecha no han obtenido respuesta alguna.
En esta denuncia, se le atribuye haber puesto en riesgo la salud de los trabajadores por intoxicación, ante el hecho de que el inmueble que ocupa la órgano jurisdiccional había sido fumigado y a pesar de ello, los obligó a quedarse a trabajar, lo que efectivamente generó intoxicación en algunos, cuyas constancias médicas obran en el ISSSTE.
Nohemí Urías denunció que este Magistrado confunde la autoridad con el poder; impone sobre todo el personal un severo y reiterado acoso laboral, conocido en el argot, como mobbing, que genera sobre el propio personal un estrés y ansiedad que desde luego incide en la labor diaria, dada la imperante atmósfera hostil que produce.
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Explicó que el Consejo de la Judicatura Federal recientemente cambió de adscripción a los magistrados Enrique Arizpe Rodriguez y Alejandro Gracia Gómez, entonces integrantes del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz Baja California Sur, lo que produjo que el magistrado Jorge Dionisio Guzmán González, asumiera la Presidencia del propio Tribunal Colegiado.
Lo anterior, aun y cuando el segundo y cuarto párrafos de la fracción III, del artículo 116 de la Constitución Federal se refiere a la honorabilidad, competencia y antecedentes de quienes sean designados como Magistrados; este principio de seguridad en el cargo no tiene como objetivo fundamental la protección del funcionario judicial, sino salvaguardar la garantía social de que se cuente con un cuerpo de Magistrados y Jueces que por reunir con excelencia los atributos que la misma Constitución exige, hagan efectivo, cotidianamente, el derecho fundamental a la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal, explicó.
Esto es lo que dice la Constitución en materia de atributos para ser designado Magistrado de Circuito; atributos que, en el caso del Magistrado Jorge Dionisio Guzmán González, se observa cuestionable, concluyó.