La Paz, Baja California Sur.- Las secretarías de Salud de los estados tienden a desparecer con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar que habrá de sustituir al Seguro Popular, y que para el caso de Baja California Sur, se encargará de administrar y operar los servicios para 220 mil afiliados, un organismo al que se le destinaba cada año un presupuesto de alrededor de 220 millones de pesos de origen federal, más las aportaciones del gobierno local.
Esta medida centralizará los servicios, la operación y la administración de salud regresándole a la federación una potestad que le fue conferida hace varios años a los estados; la iniciativa fue enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de Diputados, y se espera que sea aprobada y arranque inicialmente en el sur del país, para posteriormente extenderse al resto de la república.
PROYECTO AMBICIOSO
Sobre este proceso, el secretario de Salud, Víctor George Flores, señaló que se trata de un proyecto muy grande y muy ambicioso que va a requerir de una curva de aprendizaje, y citó que entre los problemas que podría acarrear destaca el del abasto de medicamentos, sobre todo para estados como Baja California Sur, que tienen poca derechohabiencia en comparación con otros y está más lejos de los centros de distribución; eso es algo que ya ha sucedido, dijo.
Señaló además que este cambio implicaría el despido de al menos 50 trabajadores del Seguro Popular que el gobierno del estado no estaría en posibilidades de recontratar.
George Flores explicó que aunque aún no se conoce a detalle este proyecto del llamado Instituto de Salud para el Bienestar, se trataría de una figura parecida a la del IMSS y el ISSSTE, con el gobierno federal no solo financiando sino controlando y prestando los servicios que hasta ahora se otorgan a través de instituciones como el Hospital Salvatierra y otros.
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Los cambios siempre generan algunos problemas, dijo finalmente el funcionario, y citó el caso de la reciente centralización en la compra de medicamentos que aplicó el gobierno federal, esquema que ha traído problemas en el flujo de estos insumos.