La Paz, Baja California Sur.- Solicitaron juicio político para la destitución de Charlene Ramos Hernández como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur.

Esto confirmó el oficial mayor del Congreso de Baja California Sur, Adrián Chávez, para El Sudcaliforniano, quien detalló la solicitud fue presentada este martes 9 de enero a las 14:40 horas y proviene de varias personas, como trabajadores en activo y extrabajadores de la CEDH.

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Según el oficial mayor, el proceso para dar curso a la solicitud implica un periodo de tres días para ratificar la denuncia por quienes la iniciaron.

Si es ratificada, será remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, presidida por el diputado José María Avilés Castro, a través de la Mesa Permanente, que preside la diputada María Guadalupe Moreno Higuera.

Entonces la Comisión de Puntos Constitucionales tendrá 15 días hábiles para evaluar la denuncia. Si consideran que el juicio político procede, se formará una Comisión Instructora de Juicio Político, que realizará el análisis de pruebas y alegatos.

Chávez mencionó que la presidenta María Guadalupe Moreno Higuera podría convocar a un periodo extraordinario de sesiones para llevar a cabo este proceso, en caso de ser necesario.

Explicó que el juicio político tiene como finalidad destituir a un servidor público y, en su caso, inhabilitarlo para ocupar otro cargo.

Si las faltas están relacionadas con asuntos penales, se dará vista al Ministerio Público para las acciones consecuentes. El proceso implica un riguroso análisis y evaluación por parte del Congreso de Baja California Sur.

Charlene Ramos Hernández actualmente enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades financieras y abusos laborales. La solicitud de juicio político aguardará la ratificación en los próximos tres días para dar inicio a las siguientes fases del procedimiento.

TRABAJADORES EN ACTIVO DENUNCIARON ABUSOS EN CONFERENCIA

En una conferencia de prensa realizada ese mismo día, varios trabajadores de la CEDH alzaron la voz para denunciar los presuntos abusos por parte de la presidenta Charlene Ramos Hernández.

Alma Denisse Guluarte Gutiérrez, trabajadora de la CEDH BCS, reveló que se han instalado cámaras de vigilancia con micrófonos en los cubículos de los empleados, generando un ambiente intimidante. "Nos sentimos observados constantemente, lo cual es humillante y viola nuestros derechos", expresó.

Afirmó que la baja asistencia a la posada de la institución el pasado 15 de diciembre fue una clara muestra del descontento del personal con las acciones de la presidenta. "Solo ocho personas de 21 asistieron, demostrando el apoyo al paro laboral", declaró.

Ofelia Catalán Solano, trabajadora indígena de la CEDH, de la comunidad tlapaneca, narró su experiencia de despido injustificado.

Contratada para acciones afirmativas, Catalán Solano afirmó que fue despedida sin previo aviso y sin liquidación laboral. "Fui despedida por supuestos problemas de fondo administrativo, pero nunca se me informó oficialmente ni se me proporcionó una justificación", lamentó.

Abraham Eliezer Manríquez, administrador de la CEDH, también denunció su destitución sin documentación oficial. "No tengo ningún documento que avale mi destitución, todo fue manejado de manera verbal, lo cual es irregular", declaró.

Sin embargo, los trabajadores no mencionaron el asunto del juicio político, sino por el contrario, expresaron su disposición a dialogar con la presidenta para encontrar soluciones a sus demandas.

SIN RESPONDER SOLICITUD DE SESIÓN URGENTE DEL CONSEJO DE LA CEDH, SEÑALAN

En dicha conferencia de prensa, los miembros del Consejo Consultivo de la CEDH de Baja California Sur se pronunciaron sobre el actual conflicto y destacaron su búsqueda de diálogo para resolverlo.

Los consejeros María Elena Fong Amador, Enrique Arturo Mayorquín, Rosa María Vergara Monroy y Miguel Alejandro Maldonado Verdugo expresaron que su función es asegurar el buen funcionamiento de la institución y velar por los derechos humanos tanto internos como externos.

En cuanto a la solicitud de sesión extraordinaria por parte del Consejo, indicaron que hasta el momento no han recibido respuesta de la presidenta. Manifestaron su disposición a agotar el diálogo y encontrar una solución pacífica antes de recurrir a acciones más contundentes.

En este contexto, los consejeros enfatizaron su neutralidad y objetividad para abordar el conflicto, reconociendo los derechos de ambas partes. Destacaron que la confianza no se ha perdido y que su objetivo es buscar respuestas de manera imparcial.

Miguel Alejandro Maldonado Verdugo señaló la importancia de establecer un canal de comunicación con Ramos Hernández, para resolver de manera rápida y eficiente la situación, evitando afectaciones a los trabajadores y al funcionamiento de la institución.

Los consejeros ratificaron su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su responsabilidad en este proceso.

DENUNCIADOS POR TOMA ILEGAL DE LAS INSTALACIONES: CHARLENE RAMOS

La presidenta de la CEDH, Charlene Ramos Hernández, lamentó la situación que se vive en las instalaciones de la institución. Señaló que “un grupo de cinco personas”, tres de ellas empleados de la institución, tomaron “ilegalmente” las instalaciones, impidiendo el acceso al personal y afectando la prestación de servicios a la ciudadanía.

Ramos Hernández expuso que se intentó dialogar con el grupo para conocer sus demandas laborales y buscar una conciliación, pero declaró por su parte, que todas las propuestas fueron rechazadas. Ante la negativa al diálogo, la presidenta presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

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Destacó que la toma ilegal no está vinculada a un procedimiento legal de reclamos laborales, sino que constituye una acción ilegal de posesión de las instalaciones gubernamentales.

Aseguró que está comprometida con la defensa de los derechos humanos y que la CEDH continuará brindando atención a la ciudadanía, incluso fuera de las instalaciones, mientras se resuelven las circunstancias actuales.

Finalmente, expresó su confianza en que se procederá conforme a derecho y que la CEDH seguirá desempeñando su función esencial de proteger y defender los derechos humanos en el estado.