La Paz, Baja California Sur.- El Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, es escenario de un fallo internacional que respaldó el proyecto de extracción de fosfato más grande que se haya planteado en la región y el primero en su tipo a nivel mundial.
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La resolución, emitida por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con sede en Washington, Estados Unidos (EEUU), exige a México pagar 37.1 millones de dólares a la empresa Odyssey Marine Exploration, tras rechazar la autorización al proyecto "Don Diego".
BUSCABAN 7 MILLONES DE TONELADAS AL AÑO
Odyssey Marine Exploration buscaba extraer aproximadamente 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas al año durante un periodo de 50 años, proyectando la obtención de 350 millones de toneladas en total.
Esta operación masiva se llevaría a cabo mediante el dragado del fondo marino en un área de 61 mil 989 hectáreas, a 12 millas marinas (poco más de 22 kilómetros) de la costa de Baja California Sur.
Por su parte, la empresa argumentaba que su proyecto era una fuente potencial de fertilizantes y, por ende, un recurso clave para la soberanía alimentaria de México.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en 2016 y nuevamente en 2018, basando su decisión en el principio precautorio, una medida fundamental para evitar daños irreversibles al ecosistema marino del Golfo de Ulloa.
Dicha zona alberga especies protegidas por las normas mexicanas como la tortuga caguama, ballenas gris y azul, además de ser un importante espacio para la pesca de langosta, pulpo, abulón y curvina.
La técnica de minería propuesta por Odyssey, no ha sido probada en ningún otro lugar del mundo, generó preocupación entre organizaciones ambientalistas, pescadores y científicos, quienes temían la destrucción del hábitat marino y la alteración de las cadenas alimenticias.
"La minería submarina provocaría contaminación acústica y lumínica, poniendo en riesgo a especies en peligro de extinción y removiendo directamente el hábitat de organismos del fondo marino", advirtió Greenpeace México en un comunicado al respecto.
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LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DE MEXICO
El tribunal internacional consideró que México había violado las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al negar la autorización al proyecto "Don Diego".
Este fallo obliga al país a cubrir una indemnización de 37.1 millones de dólares, una cifra inferior a los 3 mil 500 millones reclamados inicialmente por Odyssey.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, anunció que impugnará el fallo mediante un juicio de anulación, argumentando que el tribunal no consideró adecuadamente las evidencias presentadas, entre ellas la falta de experiencia de Odyssey en la minería submarina.
"No permitiremos el desarrollo de proyectos que atenten contra nuestros recursos naturales", enfatizó la Semarnat y la Secretaría de Economía en un comunicado conjunto.