La Paz, Baja California Sur (OEM - Informex).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las dos mesas directivas que se ostentan como legales dentro del Congreso del Estado de Baja California Sur, tienen 30 días hábiles para dar contestación a la demanda de controversia constitucional y envíen a la Alta Tribuna, copias certificadas de todas las sesiones que han llevado a cabo desde el mes de marzo en curso.
Esta situación genera un vacío legal dentro del Poder Legislativo al carecer de institucionalidad.
De igual manera la SCJN les solicita los decretos y acuerdos legislativos que hayan emitido y la documentación relacionada con los actos impugnados apercibidos, de no cumplir con lo requerido, se les aplicará una multa.
Ante esta determinación el gobernador del estado Carlos Mendoza Davis, expresó: “El día de hoy he sido notificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se nos ha otorgado la razón en el incidente de suspensión de la Controversia Constitucional que en uso de mis facultades como titular del Poder Ejecutivo de BCS y en protección de las y sudcalifornianos y del Estado de Derecho, interpuse ante los lamentables hechos que se han registrado en los últimos meses al interior del Congreso del Estado”, resaltó.
En un mensaje a través de sus redes sociales el mandatario estatal, dijo que al no poder alcanzar un acuerdo entre los propios diputadas y diputados para retomar la vida de esa trascendental institución que hubiera sido lo deseable, con este fallo del máximo tribunal nacional se restituye el Estado de Derecho, la legalidad del Congreso, se respeta el sentido del voto de los sudcalifornianos y lo más importante permite de nuevo la integración plena de los poderes públicos para enfrentar juntos la dobla emergencia que afecta las familias sudcalifornianas que es la de salud y la económica.
“Ese es el mensaje más importante de la resolución de la Corte, nuestro estado no puede estar divido, menos en este momento”, resaltó Mendoza Davis.
De igual manera, el gobernador del estado dijo que se necesita unidad, solidaridad, respeto y coordinación.
Señaló que como es de dominio público el Congreso mantenía duplicidad de funciones, dos mesas directivas, visiblemente había más personas ostentando el cargo de diputados y diputadas 29 en lugar de los 21 que fueron electos, así como varios cargos administrativos internos también duplicados.
Por lo que al no asistir claridad sobre la legalidad de la integración del Congreso y por ende en sus productos legislativos, fue que hace varias semanas anunció su decisión de no publicar en el Boletín Oficial, los acuerdos, decretos o leyes que se aprobaran y que le fueran remitidos para tal efecto.
Añadió que en su momento aguardaría que los diputados y diputadas llegaran a un acuerdo que recobrara la legalidad y la vida institucional dentro del Poder Legislativo, lo que lamentablemente no acontecido.
O bien esperaría a que el Poder Judicial como árbitro externo tomará una decisión resolviendo el diferendo.
En ese sentido expresó: “La Suprema Corte ha ordenado que los legisladores que fueran removidos se reintegren de inmediato a sus funciones y con ello se reanude la sesión de fecha 17 de marzo del presente año hasta el momento que esta se tuvo por suspendida por la presidenta del Congreso Daniela Rubio Avilés”, resaltó.
