Víctor Castro califica de "excesivo", gasto para consulta de revocación de mandato

El Gobernador propone una alternativa más económica para “no malgastar” recursos públicos

Pablo Diestro / El Sudcaliforniano

  · miércoles 25 de septiembre de 2024

El Gobernador señaló que el presupuesto debe ajustarse y ser transparente, para que no se “despilfarre” en acciones que podrían destinarse para el beneficio ciudadano . Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano

La Paz, Baja California Sur.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, se pronunció en contra del presupuesto elevado propuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.

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Tras la reciente aprobación de la reforma que permite dicho ejercicio ciudadano, el mandatario estatal subrayó la importancia de buscar una alternativa más económica, evitando lo que califica como "malgasto del dinero del pueblo".

El ejercicio de revocación de mandato, aprobado por la décimoquinta legislatura de BCS, el 16 de julio pasado, permitirá a la ciudadanía evaluar si el gobernador debe continuar o no en el cargo antes de concluir su periodo; sin embargo, el presupuesto presentado por el INE genera preocupación en la administración estatal, que ve en el ejercicio una carga innecesaria para las arcas públicas.

PRESUPUESTO ELEVADO

Castro Cosío reveló que el INE ya había enviado la propuesta económica para la organización y ejecución de la consulta, pero la considera "muy costosa", por lo cual, hizo un llamado a la sociedad y al Congreso para revisar de manera conjunta esta propuesta y determinar si existe una forma más eficiente y menos onerosa de llevar a cabo el ejercicio democrático.

“Tenemos que revisar, porque el INE nos está mandando un presupuesto muy cuantioso. Yo le digo que no tiene sentido. Es mejor hacer una elección nueva, que sea menos costosa”.

Además, sugirió que se puede realizar una consulta más rápida y económica, reduciendo así el impacto financiero para el estado; no obstante, aunque reiteró estar de acuerdo con la figura de revocación, insistió que el “gasto excesivo” no es una justificante contundente.

“Es un presupuesto que tenemos que revisar junto a la sociedad y el Congreso, porque es dinero del pueblo. Estoy de acuerdo en la revocación del mandato, pero el presupuesto que me están mandando es verdaderamente altísimo, más que una elección”.

APEGO AL SERVICIO, NO AL PODER

Durante sus declaraciones, el gobernador también menciona que su apego no es al poder, sino al servicio público, y señaló que, si en algún momento percibe que no está cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía o si la opinión pública se torna desfavorable, ”no tendría problema en dejar su cargo”.

Asimismo, dijo, su administración seguirá trabajando en beneficio del pueblo sudcaliforniano, pero siempre buscando que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente.

En este sentido, pide que la consulta de revocación se realice con un enfoque en la austeridad, de acuerdo con los principios que rigen su gestión.

CONSULTAS MÁS EFICIENTES

Castro Cosío también expresó su preocupación por la viabilidad de implementar una consulta más ágil, menos costosa y que no comprometa la calidad del proceso democrático.

“No sé, vamos pensando en alguna consulta menos onerosa, ¿no?, para la revocación del mandato. La participación ciudadana es fundamental, pero debe hacerse de manera responsable en términos económicos”.

TRANSPARENCIA

Castro Cosío mencionó que cualquier proceso de revocación o elección debe realizarse con total transparencia, evitando despilfarros y garantizando que los recursos del estado se destinen a prioridades clave, y se comprometió en compartir con la ciudadanía los detalles del presupuesto propuesto para la consulta, una vez que ésta sea analizada a profundidad.

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“Me parece que es un exceso, que si me quedo o me voy, se gasten... ahí les voy a dar a conocer exactamente lo que está planteándose”.

El debate sobre la revocación de mandato en Baja California Sur continuará, mientras se busca una solución que permita a la ciudadanía ejercer su derecho a evaluar a sus gobernantes sin “comprometer las finanzas del estado”.

Por ahora, la administración estatal sigue evaluando opciones para llevar a cabo este proceso de manera eficiente, en colaboración con las autoridades electorales y la sociedad civil.