La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- “Una mayoría insensata e irracional, por decir lo menos, atropella el Estado de Derecho y la legalidad en Baja California Sur”, fue la acusación que el gobernador Carlos Mendoza Davis lanzó ayer contra los 13 diputados de Morena y el Partido del Trabajo (PT) que buscan hacerse del control del Congreso local mediante la destitución de los ocho legisladores de los partidos minoritarios.
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El sábado pasado, los ocho diputados de minoría fueron sometidos a juicio político por la fracción de Morena y PT argumentando ausentismo, lo que derivó en la destitución de cinco y la amonestación de tres legisladores, pese a que desde el 14 de agosto, una jueza federal ordenó congelar hasta el 18 de septiembre este procedimiento de juicio político.
Este fue el segundo intento de la fracción de Morena de destituir a la oposición, ya que el 27 de marzo realizaron este mismo proceso, el cual carecía de validez, pues los trabajos legislativos estaban suspendidos desde el 17 de ese mes por la emergencia sanitaria del Covid-19 y además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atendiendo una controversia constitucional promovida por el gobernador, resolvió el 3 de junio restituir a los diputados cesados y desconocer todo trabajo del Congreso posterior a la suspensión de actividades.
El conflicto en el Congreso inició desde el 6 de marzo, cuando la fracción de Morena, que integra 13 de los 21 diputados locales, decidió realizar, en sesión privada, cambios en áreas y comisiones del Poder Legislativo, sin embargo, Daniela Rubio Avilés, presidenta de la Mesa Directiva, indicó que la Ley Reglamentaria exigía que para realizar estos cambios se requerían la aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de diputados (14 como mínimo).
El 17 de marzo, Morena desconoció la suspensión de trabajos legislativos anunciada por Rubio Avilés, y continúo sesionando sólo con sus 13 legisladores que nombraron a Mercedes Maciel Ortiz como presidenta de la mesa directiva.
Para el 29 de abril, además de contar con dos presidentas de Mesa Directiva, el Congreso suma 29 diputados, pues tanto el grupo de Morena como el de oposición, llamaron a los legisladores suplentes para conformar la totalidad del Congreso. Ante esta crisis legislativa, el gobernador Carlos Mendoza Davis anunció el 6 de abril que no publicaría en el Boletín Oficial del estado ningún resolutivo que emanara del Congreso, sin embargo, el 30, la Corte Suprema ordena al mandatario revertir esta decisión.
Luego de que el máximo tribunal del país restituyera a los diputados de oposición el 3 de junio, el día 27, convocados a sesionar en un hotel de La Paz, los diputados de Morena intentaron un segundo juicio político contra sus opositores, quienes acuden a instancias judiciales federales para impedirlo y obtienen respuesta el 14 de agosto, cuando la jueza Nadia Moreno concedió una suspensión provisional contra el juicio político y citó a una audiencia el 24 de agosto, la cual fue pospuesta hasta el 18 de septiembre.
Sin embargo, el pasado sábado los legisladores de Morena, pese al mandato judicial, destituyeron a cinco diputados lo cual fue calificado como un atentado a la democracia por el gobernador Mendoza Davis.
Cabe mencionar que en rueda de prensa, los diputados de oposición Anita Beltrán, Daniela Rubio, Perla Flores, Lorenia Montaño, Maricela Pineda, Elizabeth Rocha, José Luis Perpuli y Rigoberto Murillo, manifestaron los atropellos a los que han sido sometidos por parte de las y los legisladores de Morena y PT, y el Juzgado Segundo de Distrito emitió nueva fecha para la audiencia, con lo cual refiere que sigue vigente el amparo que se les otorgo para evitar que se lleve a cabo el juicio político, por su parte, la diputada Maricela Pineda informó que al estar presente en la sesión virtual celebrada el martes 25 de agosto del 2020, bajo la presidencia del diputado Ramiro Ruiz Flores, no se le concedió el uso de la voz.
Lorenia Montaño informó que, el 25 de agosto el Juzgado de Distrito pospuso nuevamente la audiencia del juicio político número dos, para el día 18 de septiembre, “es decir, del 14 de agosto al 18 de septiembre sigue vigente actualmente el amparo que nos otorgan por algunas violaciones y el procedimiento que hubo de este juicio político número 2”, manifestó la legisladora.
Por otro lado los gobernadores de Acción Nacional cuestionaron lo ocurrido, al señalar que tratar de eliminar de facto a las oposiciones para así poder controlar al Congreso, es un grave atentando contra la democracia representativa y contra la ley, agregan que los legisladores de Morena violentan una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un amparo de un juez Federal, lo que es un desacato y afirmaron que esto no lo van a permitir.
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