La Paz, Baja California Sur. - Por unanimidad, el congreso de Baja California Sur aprobó la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Partido Acción Nacional (PAN).
Con 18 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los legisladores cerraron filas contra el megaproyecto minero “El Arco”, promovido por Grupo México, que amenaza con extraer agua del acuífero El Vizcaíno, municipio de Mulegé, una de las zonas más áridas del estado.
El proyecto, planeado para iniciar operaciones en 2030, contempla la explotación de una mina a cielo abierto en una superficie de más de 50 mil hectáreas dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre “Valle de los Cirios”.
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Su alcance lo posicionaría como una de las minas más grandes del mundo, con una duración estimada de explotación de 50 años. Según los datos presentados, se extraerían 15 mil 532 millones de libras de cobre, 3.5 millones de onzas de oro y otros metales como zinc y molibdeno.
El megaproyecto requeriría 9 millones de metros cúbicos de agua al año, recurso que, según Grupo México, sería extraído del acuífero “Llanos del Berrendo” en Baja California.
Sin embargo, investigaciones señalan que esta extracción impactaría directamente al acuífero El Vizcaíno, que ya presenta un déficit anual de 497 mil 182 metros cúbicos, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Conflicto de intereses y violaciones legales
El punto más polémico radica en un estudio de disponibilidad de agua encargado por la propia empresa Mexicana del Arco, filial de Grupo México, que concluyó que el acuífero “Llanos del Berrendo” tiene una disponibilidad de 10 millones de metros cúbicos al año, contradiciendo los registros históricos.
Conagua, con base en este estudio, dividió administrativamente el acuífero El Vizcaíno, creando el nuevo acuífero “Llanos del Berrendo”, en un aparente conflicto de intereses, señaló Saldaña.
Expuso que el proyecto contradice las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que prohíben actividades de esta naturaleza en áreas protegidas.
Cerró señalando que tampoco cumple con el programa de manejo del Valle de los Cirios, que establece estrictos criterios para evitar la degradación del suelo y el daño a especies en riesgo, como el berrendo y otras endémicas.
El texto original de la proposición fue enriquecido con aportaciones de las diputadas Teresita de Jesús Valentín Vázquez, Cristina Contreras y Alondra Torres.
Teresita de Jesús Valentín, de Morena, solicitó incluir un punto para invitar a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, a visitar Baja California Sur y explicar la postura del gobierno federal respecto al proyecto.
A propuesta de la diputada Cristina Contreras, de Morena, se incluyó un punto para instar al congreso del estado vecino de Baja California a manifestar su rechazo al proyecto.
La diputada Alondra Torres, del Partido del Trabajo (PT) propuso ajustar el lenguaje para que las autorizaciones ambientales se nieguen solo si se demuestra su ilegalidad, respetando el marco jurídico.
Un rechazo unánime
Los legisladores coincidieron en que el proyecto representaría un desastre ambiental y social. “El agua vale más que el oro”, recordó la diputada Karina Olivas Parra, presidenta de la mesa directiva.
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Por su parte, el diputado Erick Iván Agúndez destacó la biodiversidad única de la región, que incluye especies como el borrego cimarrón y el cardón.
“La postura de este congreso es clara: no permitiremos que se atente contra nuestro medio ambiente ni contra nuestras comunidades”, afirmó la diputada Cristina Contreras, quien recordó el precedente de la resistencia ciudadana que frenó otros proyectos similares en el pasado.
