La Paz, Baja California Sur.- Con 3 feminicidios, 2, 946 incidencias por violencia familiar y 301 violaciones, concluye el primer año de la Cruzada Estatal Contra las Violencias de Género en Baja California Sur, una acción impulsada para bajar los índices de violencia. Un discurso carente de fuerza y presupuesto, aseguran feministas.

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De enero a diciembre del 2022, el Semáforo Delictivo de Baja California Sur contabilizó 2,622 incidencias por violencia familiar; en delito por violaciones se presentaron 277 casos, además de 6 feminicidios. Los altos índices de violencia ejercida hacía la mujer llevaron a idear una estrategia llamada “Ya Párale a la Violencia” encabezada por el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, la cruzada fue presentada el 31 de enero de 2023.

Desde el arranque de esta campaña, el Gobierno del Estado no informó con claridad la aplicación de presupuestos y estrategias específicas que habrían de aplicarse para contrarrestar los delitos, sería cada dependencia de gobierno la encargada de idear habilidades que abonará en la prevención de la violencia de género.

A 12 meses de iniciado el programa, la violencia de género va en aumento en Baja California Sur.

SIN UN CAMBIO

Para la activista feminista, Daniela Reyes, esta campaña no ha reflejado un cambio en la entidad, aunque reconoció que hay una reducción de feminicidios de manera oficial, colectivas feministas tienen dos registros más que no fueron tipificados como feminicidios; una lesión con arma de fuego a una víctima que falleció en el hospital a los minutos de ser recibida y el caso reciente de una mujer en situación de calle que fue abandonada.

Además, recordó que se presentó un aumento en denuncias por violencia familiar con 324 casos más que en 2022 y 11 violaciones más en el mismo periodo. Aunque la autoridad ha señalado que esto es resultado de la confianza que ha generado la campaña para interponer una denuncia, para activistas feministas es reflejó de una campaña fallida ya que las víctimas de violencia no perciben un cambio.

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“Una campaña muy discursiva, pero en los presupuestos, en los programas y sobre todo en la percepción de las víctimas de violencia vemos que no ha habido un cambio. En el discurso también está esta desestimación a la violencia”.

“La desestimas con estos comentarios en los que hablan de que los feminicidas son monstruos o casos que se salen de las manos y que no se puede prevenir. Con este mensaje lo que nos está diciendo el Gobierno del Estado es que tenemos que normalizarlo, que es algo que inevitablemente va a suceder, que tenemos que acostumbrarnos a que maten a nuestras hermanas”.

REVICTIMIZACIÓN DE LAS MUJERES

Explicó que se sigue propiciando la revictimización de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, ya que, en los tres que se han presentado en el año que lleva la cruzada, el Gobierno no sale a confirmar o desmentir la información que sale de primera mano, en este lapso ya se inventaron miles de versiones que revictimizan a las mujeres, cuando el Estado debería custodiar y garantizar los derechos de quienes ya no se pueden defender.

“Se han difamado, se han hecho muchas ideas en la cabeza erróneas de las víctimas, cuando ellas están en una situación de suma vulnerabilidad porque ya no pueden defenderse. No hay una capacidad de respuesta para dar resultados de necropsia a tiempo entonces, no hay capacidad dentro de la Procuraduría, no hay este presupuesto para personal para dar respuesta oportuna”.

En cada dependencia de gobierno se han llevado a cabo cursos y talleres para el personal que labora, sin embargo, activistas señalan que siguen presentándose instituciones insensibles, poco empáticas, revictimizantes con los familiares y con las víctimas. Por lo que consideran que ha sido una campaña incongruente.

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DESISTIR

María, relató a El Sudcaliforniano que fue víctima de acoso laboral y sexual dentro de una dependencia de gobierno, en agosto de 2023 decidió acudir a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para interponer una denuncia, sin embargo, explicó que el trato que obtuvo la llevó a desistir, argumentó que no existe confianza de las mujeres al sentirse vulneradas.

“Primero me hicieron esperar muchísimo, me trataron de mala manera, después entré y conté todo lo que pasó, me dijeron que debía proceder la denuncia, después me hicieron mil preguntas y prácticamente me hicieron desistir, porque mi agresor tiene más poder que yo, además que me dijeron que el proceso sería largo que si estaba dispuesta. Llegas con miedo y sales peor” dijo para la víctima.

PROCESOS LARGOS Y TARDÍOS

Por su parte, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío reconoció que existe un proceso engorroso y tardío desde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre todo al carecer de personal especializado.

“He tratado de en este par de años buscar que la procuraduría genere una fiscalía especializada en delitos, particularmente violaciones, que sea aún más expedito, el proceso para denunciar tarda y la gente se desespera, yo también me desespero, pero es inevitable, la víctima lleva un proceso que dura meses de incomodidad”.

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DESTINAN PRESUPUESTO

Aunque en 2023 no se anunciaron programas o estrategias específicas que contarán con un presupuesto económico para prevenir la violencia de género en estado, la PGJE informó que este año se destinarán 300 mil pesos mensuales para la contratación de personal especializado: 20 psicólogas, 10 auxiliares del ministerio público y 4 agentes del ministerio público.

En infraestructura se está planteando que, para la construcción del Centro de Justicia de las Mujeres de Cabo San Lucas se asigne un presupuesto aproximado de 18 millones de pesos, por lo menos para la construcción y las principales áreas de atención.