Personal ministerial detuvo a Florian N, presunto líder de la mafia rumana, quien es requerido por un Tribunal de Bucarest para ser juzgado por los delitos de delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la detención de Florian N, alias El Tiburón, se llevó a cabo en cumplimiento a una orden de detención con fines de extradición.
En una tarjeta informativa, la FGR detalla que la orden de detención fue tramitada y obsequiada por un Juez de Control del Reclusorio Norte, ya que Tudor reside en la Ciudad de México.
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“En la diligencia de aprehensión, un agente del Ministerio Público Federal intentó obstaculizarla y el abogado de Florian agredió a golpes a los Agentes de la Policía Federal Ministerial, ambos individuos también fueron sometidos y detenidos, para ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal por los delitos que correspondan”, señaló en una tarjeta informativa.
Actualmente El Tiburón es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como presunto líder de un grupo dedicado a fraudes con tarjetas de crédito, además es requerido por el tribunal de Bucarest para ser juzgado por los delitos de intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada.
Florian ha negado las acusaciones, acusando un supuesto intento de extorsión en su contra por parte de las autoridades mexicanas.
Sin embargo, la justicia en su país de origen, Rumania, sentenció en marzo de este año a seis integrantes de esta supuesta red clonadora a 40 años de cárcel en conjunto, acusados de extorsión, intento de homicidio y portación de armas de fuego.
De acuerdo a la Fiscalía de aquel país, la red de Tudor, que se extiende a varios países, amasó mil millones de dólares entre 2015 y 2019.
El mes pasado, un juzgado federal en México le concedió al ciudadano rumano suspensión provisional en contra de su extradición para efecto de que las autoridades responsables se abstengan deportarlo. Sin embargo, Florian debió pagar una garantía de 20 mil pesos y sería privado de la libertad en caso de que se le imputen delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
Por otra parte, el juez federal le negó al empresario rumano la suspensión contra la solicitud, emisión, inscripción, publicación de la notificación o "ficha roja" para la ejecución de la orden de comparecencia, detención, aprehensión, reaprehensión, búsqueda o localización, así como la solicitud de asistencia jurídica internacional entre ambas autoridades, para la ejecución de las órdenes privativas de la libertad con fines de extradición.
Apenas unas semanas antes, el empresario sostuvo una reunión con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez, para dar a conocer información sobre la supuesta extorsión de la que era víctima.
Ya años atrás, una investigación del periodista estadounidense Brian Krebs alertaba por la existencia de una mafia de clonadores de tarjetas en Cancún y el Caribe mexicano encabezada por rumanos, pese a lo cual este grupo mantuvo sus operaciones impunes.
Fue hasta 2018 que los problemas de Tudor comenzaron, luego que un compatriota suyo, Marcu Constantil Sorinel, sufrió un intento de asesinato afuera de la casa de Tudor, en la Supermanzana 3 de esta ciudad (él sería asesinado unos meses después).
Los rumanos sentenciados este año en este país europeo fueron culpados de este intento de homicidio, al igual que ahora lo es Tudor, en la orden de aprehensión girada en su contra.
Un año después, en 2019, un presunto socio suyo, Adrián Cosmin, fue detenido por policías federales, y dos meses después las propiedades de Tudor fueron cateadas por la Fiscalía General de la República.
Tudor ingresaría después una denuncia por supuesto abuso, por parte de las autoridades, resultando en la supuesta remoción del delegado de la FGR en el estado, aunque después se sabría de que el agente investigador era pariente del abogado de Tudor.
En 2020 surgió un amplio reportaje en su país sobre sus actividades y a los pocos meses caerían detenidos seis supuestos integrantes, sentenciados en marzo de este año.
Un mes antes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en México congeló las cuentas de 79 personas, en supuesta relación con esta red de clonadores, en donde se incluyó a Adrián Cosmin y al abogado de Tudor, hoy detenido.
|| Con información del corresponsal Rafael Martínez ||
