La nueva reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) “quedó a deber” un mejor sistema de designaciones de ministros, el adecuado mecanismo de renuncias para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras el caso del ministro en retiro Medina Mora, así como por dejar de lado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en lo que pretendía ser una reforma integral de todo el PJF.
Así lo consideraron especialistas y legisladores consultados por El Sol de México, quienes también valoraron esta propuesta de positiva al no vulnerar su autonomía e independencia, técnica con modificaciones necesarias, pero con detalles que deberán ser tomados por Poder Legislativo sin que éstos caigan en la tentación de violar estos dos preceptos que dan vida a la división de poderes.
“Esta iniciativa no se puede aprobar sin una discusión. Mal haríamos que se vaya en fast track. Hay que tener una discusión seria y hay que cuidar todo”, enfatizó Javier Martín, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
El también especialista en Derecho público y política judicial destacó que para este ejercicio el Parlamento Abierto será una gran oportunidad de que los legisladores puedan coadyuvar realmente a la consolidación del Poder Judicial.
Esto fue secundado por la senadora Claudia Anaya Mota, secretaria de la Comisión de Justicia, quien detalló que este ejercicio podría contemplar a cada una de las partes implicadas en este proceso judicial, desde el personal administrativo, a los litigantes como hasta los propios impartidores de justicia.
En este sentido, Martín Reyes consideró que la reforma judicial “quedó a deber”, ya que sostiene algunas medidas son discutibles y convendría que se reformaran por los legisladores durante su dictaminación.
Al coincidir con la senadora por Zacatecas, ambos advierten de la facultad que asumiría el Consejo de la Judicatura Federal para designar, sin quede claro, qué jueces o magistrados resolverán un asunto “social de especial relevancia”, sin detallar que se refiere el fraseo, y que “lo que parece es que remite a todos los litigios relacionados con megaproyectos y decisiones de la administración pública como el aeropuerto de Texcoco, su cancelación, la construcción del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, la construcción del Tren Maya”, añadió el abogado y politólogo.
“Ahí parece que se abre la puerta para que el Consejo de la Judicatura, que ahí tiene muchos consejeros afines de Morena diga: ‘mira este juez quizá no es particularmente propenso a votar a favor de esto se lo vamos a pasar a este otro’. Esa es una ventaja muy peligrosa”, advierte.
También, menciona la intención de debilitar a los tribunales colegiados de circuito, con la creación de plenos regionales y tribunales colegiados de apelación, ya que se ubicarían por encima de los tribunales colegiados, quienes se encuentran en medio de la Suprema Corte y los Juzgados de Distrito, o bien por debajo de éstos evitando que los asuntos lleguen a éstos.
Para el senador Samuel García Sepúlveda es necesario que se agregue a la nueva reforma, que los precedentes que ahora citarán los ministros de la Corte no sean solo obligatorias para los tribunales federales del país, sino que también lo san para autoridades administrativas
“Ya no queremos secretaria del bienestar que le saque la vuelta a la jurisprudencia, ya no queremos un SAT que no devuelve los impuestos a favor de los contribuyentes ya no queremos registro civil que viole el derecho de los mexicanos a cambiarse de nombre”, apuntó el de Nuevo León.
