A cuatro meses de terminar la administración, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció fallas en la implementación de estrategias para contener al crimen organizado, destacando que se falló en la concepción del modelo policial, la indefinición en haber recurrido a las fuerzas armadas, y los programas transversales de combate a la droga.
En conferencia de prensa, Navarrete Prida explicó que en nuestro país el crecimiento del mercado de consumo internos de droga en un proceso que es inevitable, que no se va a revertir, que es de su urbanización y el cambio también de sus perfiles en muchas áreas.
“El pago de la droga al transportista mexicano comenzó a ser en especie, no en dinero, y estaba el mercado propicio para que creciera, porque el mercado consumo interno crece en la medida en que se puede dar en ciudades, sobre todo en núcleos urbanos y suburbanos”, dijo. Este fenómeno, dijo, trajo como efecto negativo que las organizaciones criminales potenciaran sus niveles de ejecución y en algunas regiones del país sometieron inclusive a las policías locales con un inmenso además poder corruptor.
El funcionario federal recalco que esto tiene por lo menos 15 o 20 años que inició, se volvió mucho más complejo y más violento en la medida que el descabezamiento de líderes de organizaciones criminales de trasiego de droga internacional, hacían que las organizaciones locales abarcaran el espacio.
¿Qué es lo que ha tenido fallas? –dijo, “Son diversas. Por un lado, sí debilitamiento institucional, en la concepción del modelo de policía que debe hacer frente a este tipo de delitos. Por otro lado, la indefinición que tenemos en haber recurrido al apoyo de Fuerzas Armadas en el combate a este tipo de crímenes y en la convivencia de dos fueros distintos en tiempos de paz, como dice la Constitución, y también está indefinido”.
Asimismo, en programas transversales que no han logrado tener la penetración suficiente de contención en el aspecto de combate a la droga o su rehabilitación, y que surgen ahora diversas propuestas de legalización, cuyo objetivo no es la salud pública sino la disminución de la violencia.
