La Paz, BCS.- La decisión de quitar al consejero implicado en la denuncia de fraude será competencia exclusiva del Congreso del Estado.
Ante la reciente denuncia de fraude presentada en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra de Manuel Alejandro “N”, consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Charlene Ramos, como titular de la institución, enfatizó que la designación como integrante del Consejo Consultivo es responsabilidad del Congreso del Estado.
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“Es esencial aclarar que los consejeros y consejeras son integrantes de un consejo constructivo y, por lo tanto, no se les considera trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Son ciudadanos y ciudadanas cuya designación recae en la decisión del Congreso del Estado, basada en sus currículums y contribuciones previas en favor de los derechos humanos en la región”.
Además la presidenta de la Comisión aclaró que los consejeros no son trabajadores de la institución sino ciudadanos designados con base en sus contribuciones a los derechos humanos por lo que la Ley no les confiere derechos de ninguna índole para actuar a nombre de la institución.
"No son servidores públicos ni trabajadores de la Comisión, por lo que cualquier actuar en lo individual obedece al comportamiento de un ciudadano", señaló Ramos.
La ombudsperson mencionó que aunque la comisión no tiene la capacidad de intervenir directamente en la destitución de un consejero será respetuosa de cualquier determinación que el congreso tome en este asunto.
LA DENUNCIA
La denuncia se encuentra integrada en la carpeta Lpz/8010/2023 /Nuc siendo los imputados Manuel Alejandro “N” Consejero de la Comisión estatal de derechos humanos y Javier “N” Agente de bienes y raíces.
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La situación se centra en un pagaré de 13 millones de pesos, donde se alega la falsificación de las firmas de los padres de Beatriz, Heriberto Gutiérrez y su exesposa ya que las fechas en que se firmó el documento coinciden con un período en el que su padre se encontraba en Tijuana y ya estaba experimentando problemas de salud debido al cáncer y, por ende, no podía viajar ni realizar tales transacciones. Lo que planteó serias dudas sobre la autenticidad del proceso legal. Además, la exesposa de Heriberto llevaba 15 años sin visitar la ciudad de La Paz, donde supuestamente se firmó el pagaré.
Beatriz Gutiérrez expresó su sorpresa por la sospechosa celeridad con la que se desarrolló el juicio, destacando que, la familia no tuvo notificaciones, según Beatriz, fueron recibidas por Javier "N" persona que se encargaba del inmueble en la ausencia del finado, sostuvo que Miguel Alejandro “N” se aprovechó de que la familia no tuviera conocimiento previo del pagaré ni del proceso legal en marcha, señalando que de manera ventajosa en este caso la justicia fue expedita.
