La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- Como parte de las acciones que se realizan de manera periódica para vigilar que las empresas prestadoras de servicios de seguridad que operan en el Estado laboren en apego a la Ley estatal, personal de la Dirección de Seguridad Privada posicionado en el municipio de Los Cabos, notificó a una empresa de seguridad privada que no contaba con su permiso estatal, dio a conocer su director, Rodrigo Eduardo Silva Lugo.
En ese sentido, el titular de esta Dirección destacó que se realizó una visita de inspección a la empresa denominada Servicios Prácticos en Seguridad Privada, S.A de C.V, la cual fue notificada por operar con uso de armas de fuego, sin contar con su permiso estatal correspondiente, únicamente federal, lo cual, dijo, no acredita un ejercicio legal de sus funciones en territorio sudcaliforniano.
“Es importante reiterar que, si bien una empresa cumple con los requisitos federales para la portación de arma de fuego, esta debe contar también con un permiso estatal, que le permita hacer uso de ellas en el lugar donde se encuentre prestando sus servicios a particulares; de hacer caso omiso a esta notificación, podríamos efectuar el retiro de sus elementos o bien, ser sancionada”, reiteró el funcionario.
Asimismo, precisó que lo anterior se dio luego de que dicha negociación no atendiera el primer llamado para su regularización, por lo que, siguiendo con lo establecido en la Ley General de Servicios de Seguridad Privada en el Estado, se procedió a su notificación, el cual da un plazo de 10 días hábiles para que la misma cumpla con sus obligaciones y pueda continuar prestando sus servicios de manera normal, de lo contrario no podrá hacer uso de armas de fuego.
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Se exhortó a la población a denunciar el mal funcionamiento de una empresa de este tipo, a los teléfonos (612) 175 04 00, extensión 1022 y 1073 y para Los Cabos extensión 3826, donde se llevarán a cabo las investigaciones conducentes para la sanción de quienes se encuentren vulnerando sus obligaciones y poniendo en riesgo a la población con el incorrecto ejercicio de sus funciones.