Sentencian a 50 años de prisión a homicida

Pagará 529 mil 478 pesos de multa; pierde sus derechos políticos y civiles

Javier Plata | El Sudcaliforniano

  · viernes 21 de julio de 2023

Fue hallado culpable de matar a golpes a un hombre en un Centro de Rehabilitación. Foto: Cortesía | PGJE

La investigación penal coordinada por el agente del Ministerio Público, agentes estatales de investigación criminal y peritos expertos en diversas disciplinas, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) derivó en la obtención de sentencia de 50 años de prisión, el pago de 529 mil 478 pesos de multa y la pérdida de derechos políticos y civiles para Iván “N”, quien fue encontrado culpable del delito de homicidio calificado con ventaja.

El viernes 14 de julio del año en curso, en la audiencia de Juicio Oral para individualización de sanciones y reparación del daño, la PGJE obtuvo de parte del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, la sentencia descrita.

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De acuerdo con la carpeta de investigación y la Causa Penal J530/2020, la tarde del 12 de noviembre Iván “N”, quien se encontraba en calidad de interno, apoyado por otros sujetos sometió a la víctima identificado como Jesús “N”, a quien golpeó en diversas partes del cuerpo, causándole lesiones que a la postre, el 24 de enero del 2020 le provocaron la muerte.

El resultado de la necropsia determinó como causa de muerte septicemia secundaria a traumatismo.

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Una vez que el representante social ejercitó acción penal contra Iván “N”, se llevaron a cabo las audiencias de juicio oral, donde el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Homicidio Doloso, expuso los alegatos iniciales y desahogo de diversas pruebas periciales.

Una vez concluido el debate, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 50 años de prisión, 529 mil 478 pesos y la pérdida de derechos políticos y civiles para Iván “N”.

Con este resultado concluyente, la PGJE refrenda el compromiso de combatir la impunidad en todos los ámbitos de su competencia, para garantizar que los transgresores de la Ley paguen penalmente las consecuencias de sus acciones ilícitas.