La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, demostró ante la autoridad judicial, la culpabilidad de José Armando “N”, de apodo El Berber”, en el delito de secuestro, en la modalidad de secuestro exprés agravado, por haberse cometido por grupo de más de dos personas y con violencia, hecho por el que fue sentenciado a 50 años de prisión, 4 mil días de multa y la reparación del daño a la víctima por 73 mil 600.
De acuerdo a la causa penal J203/2019, los hechos por los que fue juzgado y sentenciado se registraron el 26 de marzo del 2019, en Cabo San Lucas, en agravio de una mujer, cuando el imputado en compañía de otras personas y previa planeación, acuerdo y reparto de funciones, llegó a un domicilio en la colonia Mesa Colorada, donde obligaron a la víctima a subir a un vehículo, contra su voluntad y amenazándola con un arma de fuego, para dirigirse a una institución bancaria, utilizándola como instrumento para que les entregara el dinero en efectivo, cuya suma ascendió a 599 mil 919 pesos. Posteriormente la subieron a otro vehículo, la llevaron y liberaron en calles de la colonia Lomas del Sol.
A través del puntual seguimiento de las investigaciones a cargo del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Privación de la Libertad Personal Secuestro y su Judicialización, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra que fue cumplimentada por agentes de investigación.
Se procedió penalmente en su contra y durante el juicio, esta representación social aportó las pruebas basadas en análisis periciales, declaraciones, testimoniales que fueron consideradas por el órgano jurisdiccional como suficientes para dictar la sentencia en contra del acusado.
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Durante la audiencia de individualización de sanciones, efectuada el lunes 16 de enero del año en curso, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento pronunció la sentencia privativa de la libertad que purgará José Armando “N” en el Centro Penitenciario de Los Cabos, además de condenarle al pago de 4 mil días de multa y la reparación del daño.
Con la obtención de sentencias condenatorias la Procuraduría General de Justicia del Estado, confirma su compromiso de investigar los delitos para lograr que toda persona que haya infringido la ley, pague penalmente por lo cometido y resarza el daño a víctimas y ofendidos.
